Las leyes son mucho más que normas escritas: son el andamiaje que sostiene y orienta la política pública. En educación, ese andamiaje requiere actualizarse si queremos mejorar los aprendizajes y ofrecer mejores oportunidades a cada estudiante.

En un país federal como la Argentina, esto no depende solo del Congreso: las legislaturas provinciales y los gobiernos subnacionales tienen un rol decisivo, porque buena parte de las decisiones estructurales del sistema —currículum, organización escolar, financiamiento, carrera docente— se juega en ese nivel.

La renovación reciente de los poderes legislativos, tanto nacional como provinciales, abre una oportunidad para preguntarnos qué nuevos marcos normativos podrían impulsar las políticas educativas que hoy necesitamos. Las últimas grandes leyes nacionales —la Ley Federal de Educación y luego la Ley de Educación Nacional— fueron pilares importantes: al extender la obligatoriedad escolar, acompañaron la expansión que llevó la tasa neta de escolaridad secundaria del 60% en los años noventa a más del 90% actual. Pero esos avances solo se consolidaron cuando las provincias tradujeron esos mandatos en normas propias, presupuestos específicos y regulaciones locales.

Hoy nos encontramos ante un desafío distinto. Aunque casi todos los adolescentes están escolarizados, un porcentaje muy bajo (menor al 15%) finaliza la educación obligatoria sin repetir y con los conocimientos mínimos. La mejora de los aprendizajes ha sido objetivo de distintos gobiernos, pero la velocidad del cambio es baja. Por eso vale reflexionar acerca de qué características deberían tener los marcos legales para apalancar las políticas que podrían revertir esta situación.

La región ofrece pistas valiosas sobre el peso de los niveles subnacionales. Brasil, un país federal como el nuestro, logró avances inéditos impulsados desde los Estados. Destacan dos experiencias: Ceará, con su política de alfabetización, y Pernambuco, con su transformación de la educación secundaria. En ambos casos, un liderazgo político consistente impulsó políticas integrales que transformaron la experiencia escolar y mejoraron los aprendizajes. Y en ambos, esas transformaciones fueron posibles porque se sancionaron leyes estaduales que les dieron sustento, financiamiento y previsibilidad.

En Ceará, la Ley 14.026/2007 creó el Programa de Alfabetización en la Edad Cierta (PAIC), que redefinió la distribución del principal impuesto estadual (ICMS) para premiar a los municipios con mejores avances en alfabetización y equidad. Esa reforma fiscal fortaleció la cooperación Estado–municipios y alineó incentivos en torno a un objetivo común. En Pernambuco, la Ley 125/2008 creó el Programa de Educación Integral, instituyó la jornada completa en la secundaria y aseguró condiciones institucionales y laborales para su expansión.

El impacto de estas leyes estaduales fue tan relevante que luego inspiraron normativas nacionales —como el Programa Escuela de Jornada Completa (14.640/2017) y el Compromiso Nacional Criança Alfabetizada (15.247/2025)— que hoy orientan la política educativa de todo Brasil.

La lección es clara: en sistemas federales, la innovación muchas veces empieza en las provincias o estados, y solo después se escala al nivel nacional.

Estos casos muestran que un andamiaje normativo claro es clave para lograr mejoras profundas, y que, en países federales, las transformaciones más ambiciosas suelen gestarse desde los niveles subnacionales. También evidencian que las leyes pueden ser palancas de cambio cuando combinan osadía y acuerdos estratégicos: osadía para desafiar el status quo, y acuerdos suficientes para sostener las reformas en el tiempo. Si la osadía domina sin acuerdos, las resistencias pueden bloquear la implementación; si solo se busca consenso, se corre el riesgo de no cambiar nada.

En nuestro país, la Ley 1420 ofrece un antecedente valioso: fue transformadora al establecer la educación primaria laica, gratuita y obligatoria, y aunque enfrentó resistencias, contó con apoyos estratégicos que garantizaron su aplicación.

Pero la Argentina de hoy es muy distinta: el federalismo educativo está consolidado, y las provincias tienen la capacidad —y la responsabilidad— de impulsar las próximas grandes transformaciones normativas.

Mirar la historia y las experiencias recientes de la región puede ayudarnos a pensar un nuevo ciclo de políticas educativas, donde la legislación provincial habilite, oriente y sostenga transformaciones duraderas, más allá de coyunturas y gobiernos.