Bancos y fe de vida: peligra la ley que elimina el requisito para los jubilados

El pago de haberes previsionales a través de depósitos en cuentas bancarias fue un avance que generó un nuevo problema: la posibilidad de que después de fallecido el jubilado, se sigan pagando los haberes y alguien ilegalmente los retire.

Para minimizar estos riesgos los bancos instrumentaron la "fe de vida". A través de este trámite, que tiene diferentes modalidades, se obliga al jubilado a demostrar periódicamente que está vivo para evitar que se le suspenda el depósito de sus haberes.

La Argentina está llena de trámites irritantes. Pero por su masividad, concepción y tipo de población que afecta ninguno supera la irracionalidad de la "fe de vida".

De esta manera, tratan de reducir, no eliminar, las posibilidades de que alguien se apropie de un dinero incorrectamente depositado.

La Argentina está llena de trámites irritantes. Pero por su masividad, concepción y tipo de población que afecta ninguno supera la irracionalidad de la "fe de vida".

Máxime cuando es fácil de evitar ya que, salvo situaciones muy excepcionales, el Estado cuenta con la información de las muertes a las pocas horas de su ocurrencia.

Esto es así porque legalmente no se puede disponer de un cadáver si previamente no se gestiona ante el Registro Civil la correspondiente partida de defunción.

Gestión

Por eso, hay que partir del diagnóstico de que la "fe de vida" existe porque el Registro Civil funciona mal. Más específicamente porque no logra poner a disposición de los bancos, en tiempos breves, la información que cuenta a través de las partidas de defunción. Es para suplir esta falla del Estado que se generó el tortuoso y poco eficaz mecanismo de demostrar estar vivo para evitar que se suspendan el pago del haber.

La "fe de vida" existe porque el Registro Civil funciona mal. Más específicamente porque no logra poner a disposición de los bancos, en tiempos breves, la información que cuenta a través de las partidas de defunción.

Por eso, la solución pasa por mejorar la gestión del Registro Civil. En esto es cierto que se trata de un organismo complejo, porque intervienen en su operatoria los tres niveles de gobierno y requiere capacidad de atención en todo el territorio del país.

Pero también es cierto que simplificando procedimientos y aprovechando la tecnología es posible que la captura y el compartir información se haga en tiempo real.

La vida en Córdoba

En este sentido la experiencia del Registro Civil Digital de la provincia de Córdoba es muy sugerente.

Gracias a la generación en soporte digital de las actas de defunción se logra poner a disposición de los bancos (y de cualquier otra organización que lo necesite) la identificación de las personas fallecidas con una demora promedio, desde el momento que se produzco las muertes, de unos 4 días.

En Córdoba pocos bancos adoptaron un sistema digital y la mayoría demora la decisión de adaptar sus sistemas a los fines de aprovechar la información que les provee el Registro Civil de la Provincia.

Esto permite, con niveles de error muy bajos, evitar depositar el haber previsional a personas fallecidas. De esta manera, se cuenta con una herramienta de prevención de fraudes que respeta la dignidad de los jubilados y es eficiente en evitar fraudes.

El Bancor, que es el principal pagador de jubilaciones en la Provincia, desde el 2020 eliminó la "fe de vida" y redujo los fraudes usando la información que le provee el Registro Civil Digital.

Más recientemente se sumó el banco Supervielle. Lamentablemente, el resto de los bancos demoran tomar la decisión de adaptar sus sistemas a los fines de aprovechar la información que les provee el Registro Civil de la Provincia.

Una ley dudosa

En contra de estos antecedentes recientemente se sancionó una ley que no opta por corregir las deficiencias operativas del Registro Civil, sino que dispone prohibir a los bancos aplicar la "fe de vida".

En materia de organización del Estado el problema no es la "grieta" sino los consensos que avalan ideas equivocadas.

Las consecuencias derivadas de aplicar la norma pueden ser dos: 1) que los bancos encuentren la manera de eludirla y seguir obligando a los jubilados a demostrar estar vivos para seguir cobrando o, alternativamente, 2) que los bancos la cumplan, lo que llevará a un aumento del fraude y de los costos del servicio bancario.

Ambas alternativas son malas. O los jubilados siguen sometidos a un trámite indignante o se fomenta el fraude encareciendo los costos bancarios.

Resultados tan decepcionantes no nos tienen que sorprender. Son frutos de que en lugar de impulsar la mejora del funcionamiento del Registro Civil se optó por una alternativa tan simplista como inconsistente.

Llama la atención que esta ley haya contado con un amplio y variado apoyo político. Esto demuestra, como lo planeamos en nuestro libro "Una vacuna contra la decadencia", que en materia de organización del Estado el problema no es la "grieta" sino los consensos que avalan ideas equivocadas.

Se trata de un caso puntual pero muy ilustrativo de la naturaleza y magnitud de los desafíos que habrá que enfrentar para recorrer el camino que lleve a eliminar los crónicos déficits financieros y de gestión que adolece el Estado.