Sábado  16 de Noviembre de 2019

Ley de góndolas: una mirada al futuro con el foco puesto en la equidad

En un país con la capacidad de producir alimentos para satisfacer las necesidades de gran parte de la población mundial, resulta imperioso que todos sus habitantes tengan acceso a productos alimenticios a precios accesibles y competitivos.

Ley de góndolas: una mirada al futuro con el foco puesto en la equidad

En la Argentina, un país con la capacidad de producir alimentos para satisfacer las necesidades de gran parte de la población mundial, resulta imperioso que todos sus habitantes tengan acceso a productos alimenticios a precios accesibles y competitivos.

Lamentablemente los principales responsables de la producción y comercialización de estos productos (los grandes productores de alimentos y las grandes cadenas de supermercados minoristas) vienen incurriendo sistemáticamente desde hace años en una serie de prácticas anticompetitivas -cada vez más agresivas- que atentan contra dicha premisa, que ha sido la promesa de varios gobiernos pero que no fue cumplida por ninguno de ellos.

Entre dichas prácticas -reñidas con la libre competencia- se incluyen acuerdos de exclusividad y de distribución de espacios en góndolas, obstaculización de la venta de productos de micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) e imposición de precios mínimos de venta artificialmente altos.

Estas prácticas ilícitas tienen como consecuencia directa que una gran cantidad de los productos producidos y comercializados por las pymes nunca logran el acceso a las góndolas de las principales cadenas de supermercados y, aquellos que esporádicamente acceden, tienen espacios limitados, con poca visibilidad y con precios mínimos obligatorios muy superiores a los suyos que los tornan poco atractivos para el consumidor.

Los grandes productores ocupan todo o casi todo el espacio en las góndolas logrando así aumentar cada vez más su participación en los respectivos mercados en los que participan y eliminando a la competencia, lo que les da discrecionalidad para subir sus precios.

Los mayores perjudicados de las prácticas enunciadas anteriormente son -además de las pymes- los consumidores quienes se ven obligados a pagar precios altos y distorsionados por no existir una competencia libre y sana en el mercado de productos alimenticios y de consumo masivo.

Los grandes productores ocupan todo o casi todo el espacio en las góndolas logrando así aumentar cada vez más su participación en los respectivos mercados en los que participan y eliminando a la competencia, lo que les da discrecionalidad para subir sus precios.

Afortunadamente, un grupo legisladores -sin intereses particulares en la cuestión y de diversos partidos políticos- vienen trabajando de manera incansable desde hace ya varios meses para impulsar la aprobación del proyecto de Ley de góndolas. Este proyecto viene a poner un límite a las prácticas abusivas que realizan los principales productores de alimentos y productos de consumo masivo en connivencia con las grandes cadenas de supermercados minoristas que perjudican todos los días a los consumidores argentinos.

Aún existen voces que critican infundadamente el proyecto; por eso es importante explicar al público en general la finalidad de esta normativa y las obligaciones que introduce para evitar los excesos de los actores antes mencionados.

A diferencia de lo que los detractores de la ley sostienen, no creo que el proyecto sea una intromisión innecesaria del Estado en el mercado o que afecte la propiedad privada de algunas empresas y empresarios. Por el contrario, tiene por finalidad asegurar el equilibrio en las negociaciones que mantienen los proveedores y las cadenas de supermercados para evitar que se realicen prácticas anticompetitivas que, en última instancia, perjudican a los consumidores.

Asimismo, busca promover los productos alimenticios y de consumo masivo comercializados por las pymes para que se conviertan en una nueva opción de compra para todos los ciudadanos.

Para ello, establece una serie de obligaciones entre las que se encuentran las siguientes:

  • Los supermercados deberán exhibir en sus góndolas productos de al menos 5 proveedores distintos dentro de cada categoría de productos. Ningún proveedor podrá ocupar con productos de la misma categoría más del 30% del total de la góndola. Esto redundará en una mayor competencia y mejores precios.
  • Los supermercados tendrán que reservar en aquellas góndolas que exhiban productos de similares características y diferentes marcas un 25% de las mismas para exhibir productos de las pymes.
  • Los productores y los supermercados deberán firmar contratos por escrito que detallen las obligaciones de cada uno de ellos y las condiciones de pago, entrega y descuentos aplicables, entre otras cuestiones. Estos contratos no podrán ser modificados de manera unilateral y servirán para evitar abusos y arbitrariedades de las cadenas de supermercados.
  • Los supermercados deberán pagar los productos adquiridos de las pymes en un plazo que no podrá ser mayor a 60 días. Esta obligación permitirá a las pequeñas empresas gestionar su producción y finanzas de manera razonable y previsible.

El proyecto también crea un Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución Mayorista y Minorista que deberá detallar las prácticas consideradas abusivas entre las cadenas de supermercados y los productores. El Código protegerá a los pequeños proveedores de las prácticas desleales de las grandes cadenas de supermercados que, a modo de ejemplo, muchas veces los obligan a hacerse cargo de las mermas de los productos y/o asumir los descuentos que los propios supermercados ofrecen a los consumidores.

Los mayores perjudicados de las prácticas enunciadas anteriormente son -además de las pymes- los consumidores quienes se ven obligados a pagar precios altos y distorsionados por no existir una competencia libre y sana en el mercado de productos alimenticios y de consumo masivo.

En función de lo expuesto, se puede afirmar con certeza que el proyecto, de aprobarse finalmente por el Congreso de la Nación, beneficiará en forma directa e inmediata a los consumidores, quienes podrán tener acceso a más y mejores productos y a un precio más competitivo y accesible del que lo hacen ahora.

Por su parte, las pymes también se verán beneficiadas ya que tendrán más oportunidades para comercializar sus productos en las grandes cadenas de supermercados y competir con los principales proveedores de productos alimenticios y de consumo masivo que hoy dominan los mercados en los que participan. Esto generará crecimiento y creación de fuentes de trabajo.

La aprobación del proyecto es imperiosa debido a la situación actual en la que se encuentra nuestro país y será un primer e importante paso para lograr cumplir con el ansiado objetivo de que se fabriquen y comercialicen productos alimenticios de calidad a precios competitivos y accesibles para toda la población.

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