El presidente Alberto Fernández salió a responder la solicitada que la familia Vicentin publicó en los principales diarios de la Argentina con un concepto que resultó inesperado: "quieren que los salvemos sin poner nada". Dos datos llaman la atención de esa frase. El primero es que la compañía no pidió ser intervenida, sino que se le permita continuar negociando alternativas bajo el paraguas del concurso de acreedores. La segunda es que más allá de su frágil situación financiera, su patrimonio no se evaporó. Si el Estado se hace cargo de la gestión, tomará a su cargo plantas que tienen un valor real. Incluso si avanza con el plan de expropiación, el resarcimiento que corresponde abonar por ley implica reconocer que ese patrimonio no es igual a "nada". Lo que termina poniendo los Vicentin es nada menos que su empresa.

Al Poder Ejecutivo no le interesaron algunas de las opciones que se barajaron en el corto diálogo que abrió Fernández. La empresa estaba dispuesta a discutir una capitalización de acciones, lo que implicaba ceder parte de su propiedad a cambio de cancelar una parte de la deuda con el Banco Nación, que asciende a $ 18.000 millones. En la mirada de los funcionarios, al parecer eso equivale a "no poner nada".

En los argumentos más políticos (que emanaron del kirchnerismo), se repitió el deseo de impedir una extranjerización de la empresa, por el hecho de que entre las alternativas que estaban en danza había interés de participar de la suiza Glencore (que controla la fabricante de biocombustibles Renova, sociedad donde Vicentin tiene un tercio) y de otras cerealeras que operan en el país. Pero no eran las únicas: también habría capitales nacionales interesados.

La realidad es que el negocio de la exportación de cereales está manejado por grandes traders globales, que operan en las dos puntas: suelen ser vendedor y comprador, lo que genera una zona de opacidad habitualmente cuestionada por los fiscos. Los actores argentinos no son menores, pero tienen menos escala, con lo cual su capacidad de mover la aguja es poca.

Sin embargo, el Gobierno sigue interesado en esa veta. Aunque el Presidente apela a la intervención como una forma de rescatar a una empresa en problemas, le atrae más la posibilidad de tener en la órbita del Estado a una compañía que puede ofertar dólares sin tener que sacrificar reservas para hacerlo. Pero para concretar ese anhelo tendría que atraer primero a los productores, los responsables de aportar la materia prima que mueve la rueda. Eso implica cancelar las deudas que hoy tiene Vicentin con ellos y prometerles que no los va a tratar como proveedores del Estado, cobrando a 180 días.

En los papeles todo funciona. Pero esta partida promete tener aún varias manos por delante.