Jubilaciones: alto costo político para un ahorro fiscal muy relativo

La polémica ya está instalada. La modalidad de aumento que eligió el Gobierno para las jubilaciones es la misma que se quiere instalar para los salarios del sector privado: habilitar una suma fija y una variación porcentual baja, y dar de baja el criterio de indexación que traía incorporada la fórmula jubilatoria y la reiteración de cláusulas gatillo, fórmula que hasta el Estado aceptó para desactivar conflictos sindicales (como fue el caso de la paritaria docente en Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal). Para aquellos que no cobran el haber mínimo, y que por lo tanto recibirán un porcentaje de incremento menor, la sensación que surgió tras el anuncio es decepción. También quedó flotando la posibilidad de iniciar juicios, un factor que le agrega litigiosidad a una medida que no fue simpática. Y el último componente que suman los analistas, es si se justifica el costo político que enfrenta Alberto Fernández por pagarle a menos de lo que fijaba la fórmula derogada, en función de que el ahorro fiscal obtenido no es tan notorio.

De acuerdo a estimaciones divulgadas el fin de semana, el gasto se reducirá entre $ 10.000 millones y $ 15.000 millones por trimestre. No se trata de una cifra significativa para el presupuesto de Seguridad Social. A eso debe agregarse que el bono dispuesto a fin de año implicó una erogación de $ 45.000 millones, y que el programa de gratuidad para un vademecum de 170 medicamentos que financiará el PAMI costará otros $ 40.000 millones.

En conclusión, el Gobierno lo que hizo fue crear una señal fiscal. Había consenso de que la fórmula de movilidad votada a fines de 2017, compuesta por 70% de la inflación del período pasado y 30% de la variación del PBI, era una piedra enorme en Presupuesto de este año y el siguiente, cuando hubiese tenido que aplicarse el 53,8% de inflación que se generó en 2019. Lo que consiguió Alberto al derogar esa receta fue tiempo para ver que panorama fiscal le dejaba la reestructuración de la deuda, ya que el compromiso asumido fue votar una nueva fórmula en el segundo semestre.

Pero el peronismo no se iba a tirar un tiro en el pie: los que tienen haberes por abajo de $ 20.000 van a recibir 13%, contra 11,56% que les correspondía. El sacrificio viene para los que cobran arriba de $ 30.000, que percibirán 7,3%, mientras que quienes reciben arriba de $ 50.000, apenas 5,3% de incremento.

El sistema jubilatorio claramente necesita un rediseño, al igual que los regímenes especiales. El Gobierno aceptó hacer un cambio que si bien no fue profundo, igual iba a recibir críticas. Esa señal, que para algunos es insuficiente (más aún si se cuenta la inversión que hace el PAMI), es todo un dato para una administración que proclama restaurar derechos sociales. Habrá que ver como responden los destinatarios del gesto antes de evaluar si sirvió o no.

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