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DOMINGO 19/05/2019

A un año de la Ley de Financiamiento Productivo: el caso de la Factura de Crédito Electrónica

EUGENIO BRUNO

Ex subsecretario de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas. Redactor principal de la Ley de Financiamiento Productivo.

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A un año de la Ley de Financiamiento Productivo: el caso de la Factura de Crédito Electrónica

En mayo pasado, es decir hace aproximadamente un año, el Congreso Nacional aprobaba la denominada Ley de Financiamiento Productivo, que consiste en una legislación ómnibus que modifica distintas leyes (incluyendo la de Mercado de Capitales), crea nuevos marcos regulatorios en varios sectores financieros y contiene algunas innovaciones y modificaciones puntuales a distintos regímenes existentes.

El principal régimen creado es el relativo a la denominada Factura de Crédito Electrónica. Las nuevas facturas permiten transformar el crédito comercial de las empresas pymes en crédito financiero, dado que las mismas se convierten en un valor negociable con título ejecutivo y sin recurso legal contra las empresas pymes emisoras de las facturas dado que solo las empresas grandes son obligadas a su pago.

El objetivo principal del nuevo régimen es el impulso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y su finalidad es mejorar las condiciones de financiación de dichas empresas aumentando su productividad.

El nuevo régimen establece el uso obligatorio de este tipo de facturas con respecto a operaciones entre empresas mipymes, monotributistas, autónomos y organizaciones sin fines de lucro en sus operaciones con empresas grandes. Estas empresas son definidas como tales por el Ministerio de Producción y Trabajo como autoridad de aplicación e incluidas por la AFIP en un listado que se actualiza anualmente. El nuevo régimen aplica a la totalidad de las empresas pymes del país, que son mas de 950.000 y a las 1000 empresas consideradas grandes y por lo tanto se trata de un cambio revolucionario.

En este sentido, se ha fijado un cronograma de implementación que comenzó a regir el pasado 1 de mayo para los sectores de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, fabricación y distribución de gas y productos gaseosos por tubería, captación, depuración y distribución de agua, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos, fabricación de automotores e intermediación financiera, servicios financieros, seguros y reaseguros. Bajo el cronograma se incorporan - de manera mensual - nuevos sectores y para el mes de septiembre del corriente año será de aplicación para todos los sectores de la economía.

Asimismo, a los fines de una implementación gradual en razón de requerimientos de adaptación de los sistemas informáticos el Ministerio de Producción dispuso inicialmente que el nuevo régimen se aplique a facturas superiores a $ 9 millones y luego redujo dicho monto a $ 6 millones.

La ley otorga un plazo de aceptación o rechazo de las facturas por las empresas grandes, disponiendo que en caso de silencio la factura se considerará aceptada, y estableciéndose causas objetivas y acotadas para el eventual rechazo de las mismas. Una vez que la factura es aceptada la misma se convierte en un valor negociable con título ejecutivo y por ende tiene las mismas características que un pagaré por ejemplo.

En tanto, la ley dispone la creación de un registro obligatorio de las facturas en el ámbito de la AFIP en el cual se registrarán todas las facturas y se asentará la información prevista en la ley, así como también su cancelación, rechazo y/o aceptación y las demás anotaciones pertinentes.

Estos principios del nuevo régimen atacan las falencias del régimen de la factura de crédito conformada aprobado en la década del noventa por la Ley 24.760, el cual no llegó a adquirir operatividad práctica por carecer de principios importantes para su uso como por ejemplo la obligatoriedad de su uso y la aceptación tácita en caso de silencio de los compradores, que sí se adoptaron en el nuevo marco regulatorio.

Las nuevas facturas pueden transferirse libremente, y ser negociadas en el mercado financiero, en el mercado de capitales y en plataformas de negociación electrónica. En este último caso se trata de un sistema innovador que se utiliza con éxito en otros países de América Latina y en el caso argentino pueden participar como compradores las entidades financieras y los denominados proveedores no financieros de crédito (personas que sin ser entidades financieras realizan -como actividad principal o accesoria- oferta de crédito al público en general) así como las asociaciones mutuales, las cooperativas y las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra.

Los casos excluidos del régimen son los siguientes: (i) facturas emitidas por prestadores de servicios públicos; (ii) facturas emitidas a consumidores finales; (iii) operatorias comerciales por intermedio de consignatarios y/o comisionistas; y (iv) facturas emitidas a los Estados nacionales, provinciales y municipales y a los organismos públicos estatales, salvo que éstos hubieren adoptado una forma societaria.

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