A la larga lista de reformas le faltan defensores que faciliten su discusión política y social

El presidente Mauricio Macri está forzando a su equipo a correr una carrera contra el tiempo. Así lo determinó después del triunfo electoral de octubre, momento en el que junto a su gabinete, hizo trazar una hoja de ruta llena de reformas estructurales que tenían que ser redactadas, negociadas y transformadas en ley. En los meses previos solo hubo trabajo interno: todo lo demás tenía que cumplirse en diez semanas.

La votación en particular de la reforma tributaria fue una muestra cabal de este objetivo. El oficialista Luciano Laspina, junto al renovador Marco Lavagna y al peronista Diego Bossio, fueron apuntando a lo largo de la sesión los retoques incluidos en el proyecto para facilitar su aprobación.

El resto se votó a mano alzada a toda velocidad. Los diputados venían de aprobar la nueva fórmula de pago jubilatorio en una sesión de 17 horas. Y todavía les queda abocarse al Presupuesto 2018, la ley de Responsabilidad Fiscal, el acuerdo con las provincias y la extensión del impuesto al cheque. Al Senado le espera un panorama similar. Si el mecanismo de relojería funciona, todo terminará el 27 de diciembre.

El músculo del Gobierno, sin embargo, no da para todo. La reforma laboral entró a boxes y seguirá allí hasta febrero o marzo, para tratar de retomar el diálogo con la CGT y descomprimir la tirantez que instaló el paro convocado para frenar el debate previsional. Algo similar sucederá con la reforma del mercado de capitales. Las prioridades fueron redefinidas, pero las necesidades políticas siguen intactas.

Lo que se notó en estas jornadas es que la larga lista de objetivos a cumplir no estuvo acompañada ni de argumentos persuasivos ni de defensores experimentados. Al Gobierno le falta usar un poco más la picardía política o aprovechar la información que solo ellos manejan para generar argumentos más sólidos, apuntó un empresario al evaluar esta coyuntura.

A veces son muy planos, y se limitan a empujar hasta que las cosas salen. La fórmula jubilatoria que se votó es la fórmula Pichetto, propuesta por el PJ en el Senado, pero el costo de la ley se lo comió solo el oficialismo. La brecha entre lo que paga la ANSeS y se cubre con aportes equivale a 3% del PBI, según estimó el economista Federico Muñoz, y explica 75% del déficit primario. Pero de eso no se habló. El gasto previsional creció 40% anual, contra 23% de inflación. Y escaló a 10% del PBI por la reparación histórica a los jubilados. Lejos de ajustarse, creció. Macri espera actos de fe de una sociedad que aún descree de los políticos. Lo que le falta a su equipo son mejores predicadores.

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