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Luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, declarara su intención de involucrarse directamente en la campaña presidencial de Iván Cepeda para la segunda vuelta electoral, la Misión de Observación Electoral (MOE) le recordó los límites constitucionales que tienen los funcionarios públicos durante los procesos electorales.
La directora de la MOE, Alejandra Barrios, sostuvo que el mandatario no puede asumir la conducción de una campaña política mientras permanezca en el ejercicio de la Presidencia, debido a que su papel institucional es garantizar condiciones de igualdad para todos los candidatos.
La advertencia de la MOE a Gustavo Petro
La controversia surgió luego de una publicación realizada por Gustavo Petro en redes sociales, en la que manifestó que estaría al frente de la campaña del candidato del Pacto Histórico rumbo a la segunda vuelta presidencial el próximo domingo 21 de junio.
Consultada sobre ese mensaje en el programa Recap de Blu Radio, Barrios recordó que la Constitución establece deberes especiales para el jefe de Estado y que el presidente representa la unidad nacional, por lo que debe mantener una posición imparcial frente a la contienda electoral.
Según explicó, el ordenamiento jurídico colombiano ya no contempla la figura del “candidato-presidente”, debido a que la reelección fue eliminada, lo que impide que quien ocupa la Casa de Nariño participe activamente como director de una campaña.
El escenario que permitiría una participación directa en campaña: renunciar
Durante la entrevista, la directora de la MOE fue consultada sobre la posibilidad de que Petro participe activamente en actos electorales o en la conducción de la estrategia política de Cepeda.
Su respuesta fue que únicamente una salida definitiva de la Presidencia permitiría asumir un rol de militancia partidista sin entrar en conflicto con las obligaciones propias del cargo.
A juicio de Barrios, la conducción de la campaña debe recaer en el aspirante presidencial, sus asesores y las estructuras políticas que respaldan la candidatura, no en funcionarios que actualmente ejercen responsabilidades de Estado.
Las obligaciones de neutralidad que exige la ley
Más allá de las eventuales investigaciones que puedan adelantar organismos de control, la MOE insistió en que existe un principio fundamental que debe respetarse durante cualquier proceso electoral: la neutralidad institucional.
La organización considera que el Gobierno tiene la misión de ofrecer garantías para todos los sectores políticos, coordinar aspectos logísticos y contribuir a que la ciudadanía pueda votar en condiciones de transparencia y seguridad.
Por ello, cualquier actuación que pueda interpretarse como intervención directa en una campaña suele generar cuestionamientos desde distintos sectores jurídicos y electorales.
El mensaje que provocó la controversia
La discusión tomó fuerza después de una publicación realizada por el presidente Petro, en la que defendió la gestión de su administración, cuestionó a algunos sectores políticos y llamó a fortalecer el respaldo al proyecto progresista.
Dentro de ese mensaje, una frase en particular fue interpretada como una señal de participación directa en la campaña presidencial, lo que provocó reacciones de dirigentes políticos, analistas y organizaciones dedicadas al seguimiento electoral.
A partir de entonces se abrió un debate sobre el alcance de las declaraciones del mandatario y los límites que deben respetar los funcionarios públicos durante la etapa decisiva de los comicios.
Llamado a proteger la confianza en el proceso electoral
La directora de la MOE también aprovechó la coyuntura para pedir moderación en el debate político y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales.
Además, señaló que hasta ahora no existen evidencias que respalden algunas denuncias sobre supuestas irregularidades en el censo electoral y destacó el trabajo técnico que se ha realizado junto a las autoridades encargadas de organizar las elecciones.
Finalmente, insistió en la importancia de que todos los actores políticos contribuyan a preservar el clima democrático durante las semanas previas a la votación definitiva.
