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A tan solo un día de las elecciones del 31 de mayo, el Ejecutivo colombiano puso en marcha un esquema de seguridad de gran magnitud para que la jornada se desarrolle sin sobresaltos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue uno de los voceros que presentó las medidas y detalló el alcance del operativo.
El plan contempla la participación de unos 18.000 uniformados de la Policía Nacional, encargados de cuidar a quienes aspiran a la Presidencia y a la Vicepresidencia y de acompañar las actividades de campaña que se realicen en distintos puntos del territorio.
Cobertura del operativo durante la campaña
Benedetti, en diálogo con el medio Semana, indicó que el dispositivo ya brindó protección en más de 600 actos proselitistas a lo largo del período electoral. La estrategia, sostuvo, busca anticiparse a posibles incidentes antes de que se produzcan.
El operativo no se limita al personal en terreno: incluye también vehículos convencionales y blindados, además de respaldo en armamento. A esto se sumó la conformación de una comisión especial integrada por miembros de la cúpula militar, dedicada exclusivamente al monitoreo de la seguridad de los candidatos presidenciales.
Coordinación entre instituciones del Estado
El ministro subrayó que el esquema funciona en conjunto con otras entidades clave del país. La articulación incluye a la Registraduría Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral, con el fin de organizar las garantías del proceso y responder a cualquier hecho que pueda surgir el día de los comicios.
Sobre el panorama general de orden público, Benedetti habló de una “tensa calma”. Hasta el momento de la entrevista, según describió, las alertas levantadas en distintos municipios no se habían activado y tampoco se habían reportado disturbios relevantes en zonas con presencia de grupos armados ilegales.
El funcionario trazó un paralelo con elecciones recientes, recordando que en los comicios al Congreso hubo advertencias similares que finalmente no se concretaron en hechos graves. A partir de esa experiencia, expresó confianza en que la jornada presidencial transite por el mismo camino.
El compromiso del Gobierno con los resultados
Frente a los cuestionamientos sobre una eventual participación en política del presidente Gustavo Petro, Benedetti lo descartó. Aseguró que el Ejecutivo respetará plenamente los resultados que surjan de las urnas y rechazó que se haya utilizado el presupuesto público con fines electorales o que se haya presionado a autoridades locales.
También sostuvo que el Plan Democracia funciona sin contratiempos y que existe un seguimiento permanente para garantizar la presencia estatal en todo el país. Según describió, se trata de un esfuerzo de seguridad sin antecedentes recientes por su magnitud.
Un despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas
Desde la ciudad de Cali, el titular de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez, expuso el detalle del operativo, una hoja de ruta que tardó más de doce meses en quedar lista. El número total que moviliza el plan llama la atención: 408.000 efectivos de las distintas ramas castrenses y policiales —es decir, Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea— estarán a cargo de las tareas de control, custodia, soporte logístico y manejo de los centros de operaciones.
En total, la cobertura alcanzará a 13.894 sitios habilitados para votar a lo largo de la geografía nacional. Sánchez aclaró un punto importante: las acciones contra las bandas criminales no quedarán pausadas mientras se desarrolle la elección, sino que seguirán activas al mismo tiempo que el operativo electoral.
El foco principal estará sobre el Valle del Cauca
Dentro del mapa nacional, hay una región que recibe un tratamiento diferenciado: el Valle del Cauca. La situación de orden público que atraviesa el departamento llevó a las autoridades a reforzar allí los recursos disponibles.
Para esa zona se asignaron 17.600 efectivos que cubrirán 1.152 mesas de votación, con respaldo de medios acuáticos, aéreos y herramientas tecnológicas como drones y dispositivos antidrones.
La idea es alcanzar tanto los cascos urbanos como las áreas rurales, en un territorio que el Gobierno considera sensible por la actividad de organizaciones armadas que operan al margen de la ley.
Las amenazas que el Gobierno tiene en la mira
Al describir el escenario de riesgo, Sánchez puso nombre a los grupos que generan mayor preocupación. Entre ellos mencionó a las disidencias de las FARC que responden a alias Iván Mordisco, al ELN, al Clan del Golfo y a otras estructuras del crimen organizado, todas con fuerte injerencia en la región del suroccidente.
El ministro también enumeró las modalidades de delito que podrían afectar la jornada: atentados de carácter terrorista, presiones sobre los votantes, trabas a la libre circulación y transacciones ilegales de votos. Para combatirlas, el Ejecutivo habilitó recompensas que pueden llegar a los 200 millones de pesos para quienes aporten datos útiles que sirvan para frenar ataques o identificar a los responsables.
