En esta noticia
El escenario para Fast Moda S.A.S., firma que está detrás de las tiendas Lili Pink y Yoi, se vuelve cada vez más complejo. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) dio a conocer que ya tiene en sus manos 87 pedidos de dueños de inmuebles y administradores de centros comerciales que buscan dar por finalizados, de forma anticipada, los contratos de alquiler de los locales donde funcionan estas marcas.
Tal como reportaron distintos medios locales, esa cifra se acumuló durante las últimas tres semanas. El argumento que se repite en cada notificación apunta al mismo hecho: el inicio del proceso de extinción de dominio contra la compañía, encuadrado en una pesquisa por supuesto lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.
Crisis en Lili Pink: cómo afectaría a las ventas de la compañía
Más allá de los 87 contratos en cuestión, llegaron a la entidad otras 23 consultas de empresarios que pidieron aclaraciones específicas sobre el procedimiento judicial. Todas, según indicaron, fueron contestadas por el administrador a cargo de la firma.
El vicepresidente de la SAE, Diego Chávez, explicó ante Blu Radio que las cancelaciones recibidas no son aleatorias: alcanzan a varios de los puntos de venta con mayor facturación dentro de la red. Bajo ese escenario, calculó que la actividad de la empresa podría caer en torno al 22% si los acuerdos se rompen efectivamente.
Aun así, el funcionario remarcó que ningún local cerró sus puertas hasta el momento y que los 405 establecimientos ocupados por las autoridades dentro de la investigación siguen abiertos al público.
260 empleos en riesgo, en su mayoría de mujeres
El frente laboral es una de las mayores inquietudes que dejó instaladas el conflicto. La SAE señaló que cerca de 260 personas podrían quedar sin empleo si los arrendadores avanzan con las rescisiones.
Lo que añade gravedad al cuadro es la composición de esa fuerza laboral: una porción importante son mujeres a cargo del sostén económico de su familia. Para resguardar esos puestos, la entidad sostiene reuniones periódicas con funcionarios del Ministerio del Trabajo, con el foco puesto en evitar despidos masivos.
Proveedores que se retiran y cuentas bloqueadas
La onda expansiva del proceso judicial también alcanzó a los proveedores. Distintos prestadores financieros, jurídicos y operativos decidieron suspender sus vínculos con la compañía a raíz de las alertas que disparó la causa.
Chávez detalló que estas decisiones se enmarcan en los protocolos internos de control de riesgo conocidos como Sagrilaft, que se activan cuando una contraparte queda involucrada en investigaciones de este tipo.
Una de las consecuencias más visibles fue la suspensión de cuentas bancarias y de medios de pago electrónico por parte de algunas entidades. Eso obligó a las tiendas a recibir, durante un tiempo, únicamente efectivo. En los últimos días, sin embargo, dos compañías retomaron el servicio, entre ellas Addi.
Quién administra hoy a Lili Pink y Yoi
Mientras el caso continúa en sede judicial, Fast Moda S.A.S. está siendo gestionada por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), con la SAE como brazo ejecutor. El cargo de administrador recayó en Hernán Sebastián Uchúr, quien figura en el registro mercantil y tiene atribuciones para conducir el día a día del negocio.
Desde la entidad aclararon que esta gestión estatal no transforma a la firma en una empresa pública: mantiene su condición de actor del sector privado, con personería jurídica propia y manejo independiente de sus cuentas. El expediente arrancó el 27 de abril, cuando agentes del CTI de la Fiscalía allanaron simultáneamente varias tiendas de la marca.
