El gasoducto de Vaca Muerta es el proyecto emblema del gobierno de Alberto Fernández, diseñado para aliviar el cuello de botella que existe en el envío de gas natural desde Vaca Muerta y, al mismo tiempo, para apoyar una mayor producción. Cuando esté terminado se podrían reducir las importaciones de GNL, que hoy agotan las reservas de dólares y además, se incrementarían las exportaciones anuales de gas a Chile.

De acuerdo con un trabajo de Juan José Aranguren, director de la consultora Energy Consilium y exministro de Energía (2015-2018), en mayo la Argentina perdió u$s 990 millones por no poder poner a producir sus recursos de gas natural debido a la falta de infraestructura de transporte. La cifra sería igual o más alta en junio y julio, sostiene el informe.

El servicio de transporte de gas natural está privatizado y es prestado por dos empresas, Transportadora Gas del Norte (TGN), con una red de 6806 kilómetros de gasoductos, y Transportadora Gas del Sur (TGS), con 9231 kilómetros. El proyecto de un nuevo gasoducto fue primero presentado por el expresidente Mauricio Macri en 2019 pero el llamado a licitación postergó el comienzo del proceso.

En una primera etapa, las obras del nuevo gasoducto, rebautizado por el gobierno actual como Néstor Kirchner, subirían la capacidad de transporte desde la cuenca neuquina en 10 millones de metros cúbicos diarios, de acuerdo con estimaciones oficiales. Luego, en una segunda fase, la capacidad crecería otros 30 millones de metros cúbicos diarios, hasta eventualmente alcanzar una capacidad total de 115 metros cúbicos diarios.

El primero, segundo y cuarto tramo quedaron en manos de la unión transitoria de empresas (UTE) compuesta por el Grupo Techint y Sacde. En el tercer tramo de la obra, en tanto, resultó ganadora la empresa BTU, mientras que la planta compresora Mars 100 en la cabecera del gasoducto Mercedes-Cardales será construida por Esuco. Con vistas a las elecciones presidenciales de fin de 2023, la expectativa es que la primera fase esté terminada para entonces. Sin embargo, poner en marcha una obra de estas características no es tarea fácil para el gobierno.

La UTE Techint-Sacde la conforman la forman las empresas de Paolo Rocca y Marcelo Midlin. Sacde es la empresa constructora que el dueño de Pampa Energía le compró a la familia Calcaterra en el año 2017. Mientras que Esuco es propiedad de Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción. La empresa fue parte de la construcción del CCK y de la base china en Neuquén, entre otros proyectos.

A este escenario se suma el problema clave del financiamiento. El precio inicial de u$s 1600 millones para la primera fase que se dio a conocer el año pasado, seguramente ya subió. El gobierno afirmó que los fondos provendrían del impuesto a la riqueza, financiamiento directo del Tesoro y asignaciones presupuestarios. Además, se mencionó la posibilidad de buscar financiamiento externo de China, pero todavía sin avances.

"Estamos avanzando con gran esfuerzo y compromiso, habilitando los fines de semana como días hábiles, para culminar el proceso de licitación del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, iniciar su construcción y tenerlo operativo antes del próximo invierno, como está previsto", señaló recientemente el presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez, durante la apertura de las ofertas para la construcción de cañería.

El contexto económico es también una amenaza para el gasoducto. La restricción presupuestaria puede afectar los compromisos de pagos de las obras. Además, las limitaciones cambiarias del Banco Central pueden significar un freno a las importaciones de insumos y equipos. La mayoría de las máquinas que se requieren para el gasoducto tienen componentes importados.