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En Estados Unidos existe un caso específico en el que, por decisión del Gobierno, están obligadas a cambiar su nombre legalmente todas las personas que hayan hecho esto: colaborar como testigos clave contra organizaciones criminales y ser admitidas en el Programa Federal de Seguridad de Testigos.
La medida no es opcional una vez aceptada la protección y forma parte de un esquema integral de resguardo. El programa es administrado por el U.S. Marshals Service y protege a quienes declaran contra narcotraficantes, redes de crimen organizado o grupos terroristas.
¿Quiénes están obligadas a cambiar su nombre legalmente por decisión del Gobierno?
Están obligadas a cambiar su nombre legalmente aquellas personas que ingresan al Programa de Seguridad de Testigos, también conocido como Witness Protection Program, tras cooperar formalmente con el Gobierno federal en causas penales de alto riesgo. La admisión implica aceptar nuevas identidades con documentación oficial.
Requisitos y evaluación previa
Antes de ingresar, cada candidato atraviesa un proceso de evaluación que incluye:
- Revisión por la agencia de seguridad que patrocina al testigo.
- Análisis del fiscal federal correspondiente.
- Evaluación final del Departamento de Justicia.
Si se aprueba el ingreso, el cambio de nombre y la emisión de nuevos documentos pasan a ser obligatorios como condición para recibir protección.
¿Cómo funciona el Programa de Seguridad de Testigos y qué implica el cambio de identidad?
El Programa de Seguridad de Testigos fue autorizado por la Ley de Control del Crimen Organizado de 1970 y luego ampliado en 1984. Su objetivo es garantizar la seguridad, salud y estabilidad económica básica de los testigos y sus familiares inmediatos cuando sus vidas corren peligro por su testimonio.
El U.S. Marshals Service brinda protección las 24 horas en entornos de alto riesgo, como juicios y audiencias, y gestiona la reubicación en otra ciudad o estado. Además del cambio de nombre legal, se otorgan documentos nuevos, asistencia económica inicial para vivienda y gastos básicos, y apoyo para capacitación laboral. Según datos oficiales, ningún participante que haya cumplido las reglas del programa fue dañado mientras estuvo bajo protección activa.