Los ciudadanos de Estados Unidos que tengan planeado viajar al Reino Unido ya no podrán entrar solo con el pasaporte. El gobierno británico confirmó que ahora es obligatorio contar con una autorización electrónica de viaje —conocida como ETA— antes de abordar cualquier transporte con destino al país. Quienes lleguen sin este permiso especial no podrán ingresar, salvo que estén exentos. El requisito ya está en vigor y, a partir del 23 de abril, se extenderá a los territorios de Jersey, Guernsey y la Isla de Man. La ETA habilita estadías de hasta seis meses para turismo y visitas familiares. Cada viajero —incluidos los bebés— debe tramitar su propia autorización. La forma más rápida de que los estadounidenses obtengan esta nueva autorización es a través de la aplicación oficial UK ETA App; también puede completarse en el sitio web del Home Office. El trámite toma unos 10 minutos: hay que subir foto del pasaporte y una foto personal, responder preguntas y pagar la tarifa. Los mayores de 10 años también deben escanear su rostro. La mayoría recibe respuesta automática en minutos. Una vez aprobada, la ETA es válida por dos años o hasta el vencimiento del pasaporte —lo que ocurra primero— y puede usarse para múltiples viajes, siempre que cada estadía no supere los seis meses. El gobierno británico advierte que hay sitios de terceros que cobran tarifas más altas. Recomiendan evitar páginas que imiten los servicios oficiales. Si la solicitud es rechazada, el solicitante será notificado y podrá reintentar. Si es denegada formalmente, no hay apelación: la alternativa es tramitar una visa de visitante estándar. Quienes tengan antecedentes penales pueden optar directamente por esa vía. No todos están obligados a tramitar la ETA. Quedan exentos quienes ya tengan visa del Reino Unido, permiso de residencia, trabajo o estudio, o pasaporte de territorios de ultramar británicos. La lista completa está en el sitio oficial del gobierno británico. Esta autorización es exclusiva del Reino Unido: el sistema europeo equivalente —el ETIAS— se exigirá para 30 países de la Unión Europea recién a partir de finales de 2026.