El Gobierno de los Estados Unidos aplicó una sanción sobre el Gobierno de California y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). El conflicto gira en torno a la exigencia de dominio del inglés para operar vehículos comerciales, un requisito que ya existe en la legislación federal. La controversia se intensificó cuando autoridades federales cuestionaron cómo el estado aplica estas reglas en la entrega de licencias comerciales. Incluso se llegó a retener financiamiento federal destinado a programas de seguridad vial. El Departamento de Transporte de Estados Unidos decidió retener alrededor de 40 millones de dólares en fondos federales destinados a programas de seguridad de transporte porque consideró que California no estaba aplicando con suficiente rigor el requisito de inglés para conductores de camiones y autobuses. La normativa federal establece que una persona solo puede conducir un vehículo comercial si puede leer y hablar inglés lo suficiente para entender señales de tránsito, comunicarse con autoridades y completar reportes obligatorios. Esta exigencia está incluida en la regulación federal de transporte 49 CFR 391.11(b)(2). Aunque el conflicto se centra en licencias de conducir comerciales, el debate abrió la posibilidad de que el estado revise la forma en que se toman los exámenes de conducción y los requisitos de idioma. Actualmente, algunos estados permiten rendir las pruebas en varios idiomas, mientras que las autoridades federales impulsan evaluaciones en inglés para garantizar que los conductores puedan comprender las normas viales. Si California decidiera seguir el camino de otros estados que endurecieron sus controles, las evaluaciones podrían incluir requisitos como Según la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, los conductores comerciales deben ser capaces de entender señales, responder a preguntas de oficiales y completar registros de conducción en inglés para poder operar legalmente. El DMV de California ha señalado que las licencias comerciales deben cumplir con estándares federales y que las autoridades estatales revisan periódicamente los requisitos para mantener la compatibilidad con la normativa nacional.