La ley de embargos está protegida por la Constitución y aplica como sanción para algunas prácticas irregulares, siempre y cuando se cumplan los respectivos procedimientos adecuados. El Gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de embargar bienes y congelar cuentas bancarias a modo de castigo para todos los residentes que incumplan ciertas normas estrictas impuestas por las máximas autoridades. Si bien la confiscación de bienes y cuentas bancarias a criminales no es una práctica inédita en Estados Unidos, su aplicación generalizada requeriría nuevas leyes o reinterpretaciones del código civil y penal. Siguiendo la política de tolerancia cero en el sistema migratorio de la administración de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos busca implementar ciertas medidas federales que permitirían embargar propiedades y congelar cuentas bancarias de inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación pendientes. Hoy en día, no existe actualmente ninguna ley ni programa federal que autorice al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a intervenir bienes privados o cuentas financieras solo por razones migratorias. En consecuencia, el embargo o congelamiento de activos siempre requiere una orden judicial o una causa penal y no se justifica únicamente por una falta migratoria.