Una decisión administrativa confirmada por el gobierno de Estados Unidos comenzó a generar un fuerte impacto entre pequeños empresarios, emprendedores e inversionistas. A partir del 1 de marzo, los residentes permanentes con green card dejarán de calificar para los préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), uno de los programas de financiamiento más utilizados del país. La medida redefine quiénes pueden acceder al crédito federal y deja fuera a miles de negocios que, hasta ahora, dependían de estos fondos para crecer, invertir o sostener su operación diaria. La suspensión no involucra cheques de estímulo ni ayudas sociales directas. Se trata de los préstamos SBA 7(a), líneas de financiamiento de uso múltiple que permiten cubrir capital de trabajo, compra de equipamiento, expansión comercial o refinanciación de deudas. Desde marzo, la SBA limitará estos préstamos exclusivamente a empresas de propiedad 100 % estadounidense, cuyos dueños residan dentro del territorio de Estados Unidos. Según el memorando oficial, no podrán acceder ni calificar a los préstamos SBA las empresas que incluyan en su estructura a personas dentro de los siguientes grupos: Esta lista marca un quiebre con las reglas previas y elimina por completo las excepciones que existían hasta finales del año pasado. La decisión es la fase final de un proceso iniciado en diciembre, cuando la SBA redujo el margen de elegibilidad y permitió solo hasta un 5 % de participación extranjera. Con el nuevo memorando, esa excepción desaparece. Queda así bloqueado el acceso al préstamo SBA 7(a), cuyo monto máximo alcanza los 5 millones de dólares, y que históricamente fue una herramienta clave para pequeñas empresas lideradas por inmigrantes. Antes de los cambios impulsados por la administración del presidente Donald Trump, bastaba con que el 51 % de la empresa perteneciera a un ciudadano estadounidense residente en el país. El senador Edward J. Markey y la representante Nydia Velázquez, referentes demócratas en los comités de Pequeñas Empresas del Congreso, criticaron con dureza el cambio. Advirtieron que ya en septiembre prestamistas de la SBA habían alertado sobre fallas en los requisitos de verificación de ciudadanía, y que en diciembre enviaron una carta señalando una caída en el volumen de préstamos otorgados, sin recibir respuesta oficial.