El Parlamento confirmó el llamado de tres ministros: dos deberán concurrir a comisiones y uno enfrentará un pedido de interpelación en el plenario.
La primera comparecencia anunciada corresponde al ministro del Interior, Carlos Negro, citado para el 22 de setiembre a la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados, a instancias del nacionalista Pablo Abdala.
Abdala pidió explicaciones sobre el avance de grupos delictivos brasileños en Uruguay —con especial énfasis en el Primer Comando Capital— y la ejecución del Plan Nacional de Seguridad presentado hace seis meses.
En otro frente, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, fue convocado por el senador colorado Andrés Ojeda para que explique la decisión de anular la sanción impuesta por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, contra la fiscal del caso del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi.
La sancionada, Stella Alciaturi, había sido criticada por publicaciones en redes sociales previas a 2019 contra el Partido Nacional; desde el MEC se argumentó que no se pudo comprobar la autoría de los posteos.
La tercera convocatoria será en régimen de interpelación contra el ministro Juan Castillo por el conflicto en el puerto. El diputado colorado Adrián Juri informó que cuenta con los apoyos necesarios del Partido Nacional, Partido Independiente, Identidad Soberana y Cabildo Abierto y que presentará la moción formal para llevarla a votación en el plenario la próxima semana. Juri adelantó que además del conflicto portuario abordará otras problemáticas vinculadas a ramas industriales.
El Frente Amplio cuestionó la interpelación, sosteniendo que el conflicto portuario ya fue resuelto mediante un acuerdo por cinco años, aunque anticipó que la oposición utilizará la instancia para explorar posibles incumplimientos o efectos colaterales en la actividad productiva.
Las citaciones abrirán un nuevo ciclo de debates legislativos en el que se pondrán bajo la lupa políticas de seguridad, gestión pública y relaciones laborales.
