Los colectivos sociales afirman que la exigencia de incorporar huellas dactilares representan una limitación administrativa al ejercicio de un derecho de iniciativa popular que, según argumentan, sólo podría restringirse a través de la aprobación de una ley.
El centro de la controversia es una resolución aprobada por la Corte Electoral el 10 de marzo, que aprobó un nuevo reglamento que exige, además de la firma, la impresión de la huella digital para computar las voluntades de los adherentes.
La circular Nº 12.430 del organismo, la incorporación de la huella busca “optimizar los recursos con que se cuenta para constatar, con la mayor transparencia y certidumbre, la identidad de quien comparece a esos efectos”
El nuevo reglamento también establece que cada adhesión debe presentarse en una hoja individual. Con el sistema anterior, varias firmas podían reunirse en un mismo documento. Ahora, los formularios deben contener nombres y apellidos, serie y número de credencial cívica, firma y huellas dactilares.
Para decenas de organizaciones de la sociedad civil este cambio no constituye una simple modificación burocrática, sino un obstáculo que puede dificultar la participación ciudadana y alterar las condiciones para ejercer el derecho constitucional.
Por esta razón, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, la Red de Amigos de la Tierra Uruguay, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, y la Red Unión de la Costa que nuclea a más de un centenar de organizaciones que defienden el ambiente, fueron recibidos por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados.
Restricción de derechos
“Las personas que estamos aquí presentes somos representantes de organizaciones sociales. En distintas circunstancias hemos usado estos instrumentos de iniciativa popular, que con esta resolución administrativa de la Corte Electoral para nosotros son vulnerados”, explicó Víctor Bachetta, integrante de la Red Unión de la Costa, que nuclea a un centenar de organizaciones que defienden el ambiente.
Bachetta fundamentó su posición en un informe elaborado por el experto José Luis Sciandro y en las disposiciones constitucionales que establecen que las restricciones a los derechos civiles y políticos deben establecerse mediante una ley formal, por razones de interés general.
Las organizaciones que estuvieron en el Parlamento consideran que la Corte Electoral se excedió en sus competencias al modificar las condiciones para ejercer mecanismos de iniciativa popular sin que medie una norma aprobada por el Parlamento.
Este planteo fue respaldado por el presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), Enrique Cal, quien calificó de paradójica la decisión en un contexto democrático y recordó la trayectoria de la organización en materia de participación popular.
Fucvam impulsó en 1984 una consulta popular contra la Ley de Propiedad Horizontal aprobada durante la dictadura cívico-militar, una experiencia que forma parte de la historia de la movilización social y la democracia directa en Uruguay.
Por su parte, una de las integrantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, María Irma Rodríguez, afirmó que la resolución de la Corte Electoral “atenta contra uno de los principios de nuestra democracia: la democracia directa, que es un orgullo de nuestro país”.
Este movimiento fue una de las organizaciones que impulsó el plebiscito sobre seguridad social en 2024. “A pesar de que no llegamos a los votos requeridos, todas las organizaciones consideramos que el plebiscito permitió a la ciudadanía conocer de primera mano un tema tan fundamental como la seguridad social”, valoró Rodríguez, y apuntó que “no todos los países tienen ese recurso”.
Por su parte, la organización ambiental Redes Amigos de la Tierra manifestó que la modificación implica un retroceso para la participación ciudadana, especialmente en los temas considerados estratégicos para el país.
Las autoridades de la Corte Electoral defendieron los cambios en el entendido que la incorporación de huellas dactilares brinda mayores garantías para verificar la identidad de quienes respaldan una iniciativa.
