La bancada de diputados del Partido Nacional promoverá la interpelación de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por su actuación en el caso de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera.
La interpelación estará en manos del diputado nacionalista Federico Casaretto, informaron ayer los legisladores a través de un comunicado en el que cuestionaron la decisión de Lustemberg de reducir de cinco a tres años la sanción de inhabilitación profesional que había recibido Miralles.
El decreto, firmado también por Lustemberg, confirmó en todos sus términos la resolución de la Comisión de Salud Pública del 3 de diciembre de 2024.
La resolución del presidente Orsi hizo lugar al recurso presentado por Rosario Barrera, madre de la pediatra fallecida, y tomó en cuenta nuevos elementos incorporados al expediente, entre ellos la sentencia judicial del 18 de diciembre de 2025, que condenó a Miralles como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable.
Un informe de la División de Servicios Jurídicos del MSP, elaborado el 28 de octubre y remitido a Presidencia, recomendó restablecer los cinco años de inhabilitación. El documento consideró los nuevos antecedentes judiciales y médicos incorporados al caso.
Además, los diputados rechazaron las declaraciones de la ministra con respecto a que no se habían producido perjuicios a raíz de esa resolución.
“La señora ministra falta a la verdad cuando dice que no hubo perjuicio alguno”, sostienen en el texto. Los blancos enumeraron tres consecuencias por este caso: “El sufrimiento padecido por la familia Barrera fruto de su accionar”, “el descreimiento y pérdida de prestigio de la institución que debe conducir” y la renuncia de buena parte de los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública.
A juicio de los nacionalistas esas consecuencias se podrían haber evitado si la ministra no hubiera beneficiado a una profesional condenada penalmente. “Miente: hubo perjuicios muy serios”, afirmaron.
El texto también cuestiona que la reducción de la sanción implique, a su entender, una pérdida de garantías sanitarias para los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud.
El Partido Nacional “exige el restablecimiento imprescindible de las garantías y confianza en el sistema sanitario”.
Además, señala que el MSP dejó pasar los plazos legales para contestar una demanda presentada por la anestesista ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que, según el Partido Nacional, habría fortalecido la posición jurídica de Miralles.
“Un año después el señor presidente de la República ante un verdadero estado de alarma pública durante el cual se lastimó nuevamente a la familia de Barrera enmienda el error cometido por la ministra”, sostiene el comunicado.
Los legisladores también cuestionan que, pese a la decisión presidencial, Orsi haya respaldado políticamente a la ministra. Por esa razón, entienden que la conducción del MSP requiere “humanidad, seriedad, profesionalismo, transparencia, ética pública”.
Por último, el Partido Nacional “exige el restablecimiento imprescindible de las garantías y confianza en el sistema sanitario”.
