La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el PIT-CNT expresaron su preocupación ante los lineamientos planteados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la próxima Rendición de Cuentas, que marcan una lógica de “costo cero”: sin incremento del gasto y con habilitación únicamente de los créditos efectivamente ejecutados en el año anterior.
José Lorenzo López, secretario general de la central y de COFE, calificó las directrices como “bastante complejas” y advirtió que su aplicación podría traducirse en la pérdida de recursos para organismos que no llegaron a ejecutar la totalidad del presupuesto asignado.
“Si un organismo tenía asignado un crédito de 100 y ejecutó 80, el monto que te van a habilitar para el período siguiente sería ese último valor”, ejemplificó, subrayando que esa dinámica es habitual en el primer año de implementación de nuevas políticas, cuando la ejecución arranca tarde.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, anticipó que el proyecto de Rendición concentrará el gasto incremental en cuatro prioridades: infancia, seguridad, atención a personas en situación de calle y empleo e inversiones. Sin embargo, desde la central sindical reclamaron conocer el texto definitivo para evaluar el alcance real de esas prioridades y señalaron que, si el ajuste se realiza por la vía del “costo cero”, se profundizarían las restricciones ya presentes en el Presupuesto Nacional aprobado el año anterior.
López recordó que el PIT-CNT había advertido esta posibilidad durante el acto del 1° de Mayo y advirtió que, de materializarse, la organización no solo estaría preocupada sino dispuesta a movilizarse.
En ese marco, confirmó que la reunión del Departamento de Estatales y Municipales prevista para el miércoles evaluará solicitar con carácter urgente la convocatoria al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, para analizar impactos, definir pasos sindicales y situar el tema como eje de la movilización del 10 de junio.
Los sindicatos temen que la práctica de reasignar gastos —“sacar de un lado para poner en otro”, en palabras de López— termine afectando programas en marcha y la capacidad operativa de numerosos organismos que demoraron la ejecución presupuestal por razones administrativas o de implementación.
Mientras el Gobierno prepara el envío del proyecto al Parlamento antes del 30 de junio, el conflicto entre la lógica de contención fiscal y las demandas sindicales por recursos suficientes para implementar políticas públicas promete endurecer el debate público en las próximas semanas.
