El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, volvió a poner sobre la mesa una idea que combina participación ciudadana y financiamiento público: ofrecer paquetes de acciones de empresas estatales destinados a la clase media uruguaya. El jerarca vinculó la propuesta a la necesidad de dar alternativas seguras de inversión tras casos como Conexión Ganadera, que afectaron a ahorristas con montos típicos entre 5.000 y 20.000 dólares. Sánchez señaló en entrevista con La Diaria, que muchos uruguayos tienen pequeños ahorros acumulados —por herencias, indemnizaciones o esfuerzo sostenido— y carecen de opciones claras y confiables para rentabilizarlos. Su propuesta plantea canalizar ese ahorro doméstico hacia las empresas públicas, como ya ocurrió en parte con la participación ciudadana en parques eólicos de UTE durante el gobierno de José Mujica. La iniciativa recibió elogios desde la Bolsa de Valores de Montevideo: su presidente, Ángel Urraburu, la consideró positiva y un signo de madurez institucional, destacando que la apertura permitiría capitalizar empresas y ampliar la participación social en proyectos estratégicos, más allá de las líneas partidarias. Pero la propuesta abre interrogantes técnicos y políticos. Especialistas en mercados y finanzas públicas advierten que para ser viable requiere un marco legal claro, mecanismos de oferta adecuados (lotes mínimos o instrumentos fraccionados), y una supervisión rigurosa para evitar asimetrías de información y fraudes que perjudiquen a los pequeños inversores. Además, hay consideraciones de gobernanza: vender participación en empresas estatales obliga a definir cómo se preservará el control y la prestación de servicios estratégicos, qué derechos tendrán los nuevos accionistas y cómo se gestionarán los posibles conflictos entre interés público y retorno financiero. El éxito de la iniciativa dependerá de combinar diseño técnico —protección al inversor, educación financiera, transparencia en valuaciones— con voluntad política y acuerdos institucionales que garanticen que la apertura de capitales no comprometa el interés público ni repita errores del pasado.