La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) denunciaron, en un comunicado conjunto, lo que consideran una vulneración grave a la “soberanía productiva del país”. Este comunicado fue elaborado antes que el gobierno firmara la autorización formal para el inicio de las tareas de prospección de hidrocarburos en el mar territorial. La disposición, firmada por el Ministerio de Ambiente, habilita la operativa en el bloque adquirido por la empresa Chevron, donde el buque especializado BGP Prospector, ya se encuentra posicionado en la plataforma marítima a la espera de iniciar las maniobras de observación sísmica, las cuales tienen como fecha de finalización prevista el cierre del mes de abril. Las dos cámaras de la pesca ya habían solicitado formalmente al gobierno postergar cualquier tipo de prospección hasta noviembre de 2026, con el objetivo de permitir que el sector tuviera una “zafra normal”. Las gremiales insistieron en su sorpresa ante la “celeridad del gobierno para facilitar la prospección sísmica”, una agilidad que, según denuncian, “contrasta dolorosamente con la lentitud burocrática para resolver los problemas estructurales de la pesca”. Además, los empresarios reiteraron su rechazo al actual sistema de compensaciones validado por el Ministerio de Ambiente, calificándolo de “incompleto y discriminatorio”. El conflicto se centra especialmente en la exclusión de los permisos de Clase B del esquema de indemnizaciones. Según estudios técnicos citados por ambas cámaras empresariales, estas embarcaciones sufren “mermas de captura de hasta un 70%” debido al efecto de “alejamiento” que provocan las ondas sonoras del buque de prospección sísmica en las especies marinas. Por esta razón, las gremiales exigen que cualquier modelo de compensación económica sea resuelto “antes del inicio de la actividad” y que no se base en un modelo de “evaluación de daños ex-post”, garantizando la protección de toda la flota. Ambas cámaras hicieron un llamado urgente a las autoridades de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) y a los ministerios de Ambiente y de Industria, Energía y Minería para que detengan las operaciones y sostuvieron que se “desconoce el derecho al trabajo de miles de uruguayos”. “Nosotros desde un principio estamos en contra de las prospecciones, porque sabemos que afectan las capturas, además de afectar el medio ambiente. Hay una cantidad de organizaciones que están en contra de esto”, dijo el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras, Juan Riva Zucchelli, en rueda de prensa. “Ya vivimos esta historia hace más de 10 años y sabemos que las consecuencias es una disminución de las capturas y modificación en el tamaño de los pescados también”, alertó el empresario. Riva Zucchelli insistió en que la industria pesquera “va a tener problemas” con la prospección en el mar territorial uruguayo y cuestionó que el gobierno “no se tomó más tiempo para ver de qué forma el daño que se va a producir sea el menor”. “Nuestro pedido era no empezar en marzo o abril, para arrancar en noviembre, si no hay más remedio, pero no nos escucharon”, dijo Riva Zucchelli quien señaló que los empresarios del sector no descartan recurrir ante la Justicia para impedir que continúe la prospección sísmica.