La Dirección General Impositiva (DGI) está llevando a cabo una batería de fiscalizaciones nacionales destinadas a identificar y sancionar la subvaluación de ventas entre contribuyentes con atención al público. Las inspecciones parten de un análisis de riesgo que utiliza la información disponible en el organismo para priorizar actuaciones y optimizar recursos.
Los equipos de la DGI apuntan en especial a quienes, según ese análisis, presentan alta probabilidad de declarar ingresos inferiores a los reales o de no documentar la totalidad de sus operaciones, prácticas que reducen la carga impositiva de manera indebida. Para esto, combinan la verificación documental con cruces de datos administrativos que permiten contrastar ventas, compra de insumos y comportamiento sectorial.
Otro objetivo es identificar contribuyentes cuya actividad excede los límites del régimen al que están inscritos y que, por ello, estarían recibiendo un tratamiento tributario más favorable al que les correspondería por volumen de operaciones. Detectar estas incongruencias permite ajustar regímenes y reclamar diferencias fiscales cuando corresponda.
Además de las tareas dirigidas por riesgo, los inspectores realizan controles aleatorios sobre inscripción y facturación para captar irregularidades no previstas por los modelos. Estas medidas buscan tanto corregir evasiones concretas como disuadir prácticas generalizadas que afectan la recaudación y la competencia leal entre empresas.
La DGI informó que las acciones de gestión de cumplimiento incluyen seguimiento administrativo y, en su caso, requerimientos formales y sanciones. La coordinación entre análisis de datos y fiscalización presencial es el eje de la estrategia para mejorar la adhesión voluntaria y la transparencia tributaria.
