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El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), procedió a la intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia. Para tal fin, se valió de la Prefectura Naval Argentina, fuerza de seguridad con actuación en el ámbito portuario.
Ante tal situación, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) emitió un duro comunicado donde definió a la intervención como “arbitraria, excesiva e ilegal”.
El escrito lleva la firma de José Adrián Silva, Secretario General de APDFA; Artemio G. Zufriategui, Secretario General Adjunto Ferroportuario; y Ricardo O. Alonso, Prosecretario de Relaciones Institucionales y Política Ferroportuaria.
Tras señalar que este “hecho, sin precedentes quedará en la historia como el mayor agravio, de un gobierno federal, sobre la autonomía de una provincia”, desde APDFA expresaron su “más profundo repudio político a la medida adoptada, el rechazo al agraviante trato sufrido por los trabajadores del Puerto de Ushuaia imposibilitados de ingresar a sus lugares habituales de trabajo, y a solidarizarnos con el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con su Gobernador y con todo el pueblo fueguino”.
Preocupación
Asimismo, desde el gremio se sumaron a la preocupación de las empresas y operadores portuarios por el futuro de su actividad y “al resto de las terminales portuarias de nuestro país que quedan sujetas a la arbitrariedad de un funcionario en cuanto a su gestión y administración”.
La medida tomada con Ushuaia, no afecta solo al puerto más austral del mundo y centro de la mayor presencia de cruceros internacionales de todas las latitudes que hasta hoy operaban con total normalidad, sino que, a juicio de APDFA, es un “llamado de atención al resto de las provincias con puertos marítimos y fluviales que se encuentran a tiro de una resolución de un organismo nacional de cuarta categoría, para que obstruya su gestión”.
Con la intervención decretada, sólo se permitió el ingreso de 22 trabajadores, “se reemplazó el personal de seguridad por una empresa privada y se nombró (verbalmente) como gerente general a la misma persona que dio, a través de su falsa denuncia, pie para este inexplicable avance inter jurisdiccional”, señaló el comunicado.
Desde APDFA reiteraron su mayor rechazo a la “suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia y se pusieron a disposición de las autoridades provinciales para actuar en consecuencia.
“Convocamos al resto de las autoridades portuarias provinciales y municipales, a los puertos privados, a las organizaciones sindicales con actuación en las jurisdicciones portuarias y a las organizaciones de la sociedad en su conjunto a expresar su rechazo a la medida, y a defender el Sistema Portuarios Nacional por encima de las arbitrariedades de los gobiernos de turno”.
