Los nuevos dueños del Grupo Indalo anunciaron el cambio de nombre de la compañía, a pesar de que aún no pudieron concretar su compra, por la inhibición de bienes que pesa sobre Cristóbal López, su anterior dueño.

Los representantes en Argentina de OP Investments, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre anunciaron que el Grupo Indalo pasará ahora a llamarse Grupo Ceibo, como "la flor nacional de la Argentina". Así buscan relanzar las ex empresas de López y darle una nueva identidad visual del grupo.

"Los directivos del nuevo Grupo Ceibo sostienen un compromiso de largo alcance de invertir y generar valor y crecimiento en uno de los grupos empresarios más importantes del país, que cuenta con más de 4.000 colaboradores directos y 11.000 indirectos en sus más de 170 sociedades de distintos rubros, que abarcan construcción, servicios petroleros, minería y producción de carbonato de sodio, medios de comunicación, servicios financieros y alimentos, entre otros", destacó en el comunicado OP Investments.

El martes, la Afip no avaló la última propuesta que López había presentado al juez Julián Ercolini para lograr que se levante la inhibición sobre sus bienes, un paso necesario para concretar luego la transferencia de las acciones del Grupo Indalo a OP Investments, que desde el 20 de octubre pasado se presenta como su nuevo dueño.

Ayer, el fiscal federal Gerardo Pollicita destacó que "por el momento no corresponde" levantar la inhibición. "Este Ministerio Público Fiscal considera que por el momento no corresponde hacer lugar a lo solicitado y que resulta necesario que se realicen una serie de medidas con el objetivo de contar con mayores elementos de juicio a la hora de analizar la trascendente petición formulada por los referidos acusados", sostuvo el fiscal. Así, coincide con la opinión de la querella de la AFIP y la de los tres veedores judiciales. Con la presentación que Pollicita hará hoy, el juez Ercolini quedará en condiciones de definir si acepta o rechaza el pedido formulado por López y su socio Fabián de Souza.

La deuda, cuando se hizo la demanda hace dos años por la retención del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) en estaciones de servicio de Oil Combustibles, de Indalo, ascendía a $ 8000 millones, pero con intereses y punitorios llegaría a $ 10.000 millones.

La venta de las acciones del grupo también depende de la decisión de otro juez: Héctor Vitale, del Juzgado Comercial Nro. 4, que debe autorizar un plan estratégico y de reestructuración que Rosner y Dellatorre, titulares de OP, presentaron a mediados de noviembre.

Desde OP advirtieron que si los tiempos judiciales no se aceleran, la situación de las empresas será crítica. Incluso no podrían afrontar el pago de salarios a sus empleados. Con las cuentas inhibidas, las firmas del grupo se manejan mínimamente con los ingresos que se van generando.