Desde que el vicepresidente, Amado Boudou, la señaló como una de las impulsoras de una campaña para perjudicar su figura, y en la provincia de Buenos Aires legisladores K la identificaron con el ex presidente Eduardo Duhalde, la empresa Boldt no ha parado de perder contratos con el Estado nacional y bonaerense.
Boldt comenzó a caer en desgracia luego de que, en 2009, el titular de la Secretaría de Comercio Interior, Guillermo Moreno; y el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, dejaron a la empresa afuera de la ex Ciccone y entregaron la planta al fondo inversor The Old Fund, cuya cara visible, Alejandro Vanderbroele, está siendo investigado por la Justicia precisamente por esta operación y por sus lazos con el actual Vicepresidente de la Nación.
Desde ese momento, el valor de la compañía en el mercado bursátil no ha parado de caer. De hecho, sus acciones hoy se cotizan un 50% menos que hace tres años. Ayer el Estado dio un paso más en esa avanzada al quitarle la impresión de las patentes para motos y autos que controlaba y que ahora pasaron a manos de la Casa de la Moneda y la ex Ciccone.
A esto se le agrega el de las apuestas online en la provincia de Buenos Aires luego de que el gobernador Daniel Scioli decidiera pasar este negocio a manos estatales.
La avanzada en contra de la compañía de la familia Tabanelli no se detuvo ni siquiera tras el anuncio de que salía del mercado de la impresión para evitar competir con la ex Ciccone.
Como anticipó El Cronista a principios de agosto, Boldt puso en venta sus negocios de impresión y de la gráfica, principales motores de la ex Ciccone que también el Gobierno intenta incentivar mediante la absorción de esta sociedad con la Casa de la Moneda. Lo hizo conociendo esta estrategia oficial y buscando dejar de perder negocios, en especial en el mundo de los juegos de azar. Esa fue la señal hacia el Gobierno, reducir el nivel de persecución que sufre por haber sido identificada como duhaldista, y que ya le ha hecho perder varios contratos que mantenía con el Estado nacional y con la provincia de Buenos Aires. El mensaje conciliador no parece haber sido tomado en cuenta en la Casa Rosada. De hecho, la semana pasada la sede de Boldt en el barrio porteño de Barracas recibió la visita de 30 inspectores de la AFIP que revisaron la documentación referida al personal de la compañía. Los funcionarios llegaron en dos combis y estuvieron varios días reclamando papeles y datos sobre cada uno de sus empleados.
Igual procedimiento se repitió en la provincia de Buenos Aires, donde inspectores de ARBA recorrieron los establecimientos de Boldt vinculados al negocio del juego. En Boldt evitaron hacer declaraciones sobre el tema y en ARBA no contestaron los llamados de El Cronista.
Voceros de la AFIP confirmaron la presencia de los inspectores en Boldt. Sin embargo, aclararon que se trató de un operativo de rutina llevado a cabo por cinco inspectores de la Dirección de Recursos de la Seguridad Social para detectar trabajadores en negro.
En el caso de ARBA, se trata de una decisión peculiar ya que es la primera vez que un organismo controlado por Scioli unifica el embate con medidas del gobierno nacional. De hecho, ARBA fue por más y solicitó datos del personal de Boldt que trabaja en otras provincias como Santa Fe y Entre Ríos. Esto, a pesar de no tener potestad legal para encarar dicho procedimiento fuera de las fronteras bonaerenses.
