Miércoles  11 de Julio de 2018

Estatización de YPF: un fondo buitre logró que se juzgue en Nueva York

Es una demanda contra la Argentina por la estatización de 2012. Hay en juego u$s 3000 millones. El Gobierno apelará la decisión que negó que se resuelva en el país

Cristina Kirchner y Amado Boudou, asistidos por Carlos Zanini, decretaron la estatización en mayo de 2012
Cristina Kirchner y Amado Boudou, asistidos por Carlos Zanini, decretaron la estatización en mayo de 2012

La Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, resolvió ayer que la demanda de un fondo buitre contra la Argentina por la nacionalización de la petrolera YPF se continúe tramitando en ese país y no en los tribunales locales, como pretendía el Gobierno.

Se trata de un juicio por unos u$s 3000 millones que lleva adelante el fondo buitre Burford Capital, el que compró los derechos para litigar en las causas que habían iniciado compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, ex propietaria de la petrolera YPF.

La intención del Gobierno argentino era trasladar el litigio a los tribunales locales, con el objetivo de reducir la posibilidad de que haya una sentencia definitiva contraria para el Estado, actual dueño del 51% de la petrolera, desde su reestatización en el año 2012.

A partir del fallo en Nueva York el juicio seguirá adelante en los Estados Unidos con resultado impredecible en el mismo tribunal que ocupó el ya fallecido Thomas Griesa.

No obstante, el Gobierno de Mauricio Macri aún tiene la posibilidad de presentar una apelación ante la Corte de los Estados Unidos, una alternativa que evalúa el Ejecutivo para agotar todas las instancias judiciales. Como parte de la estrategia, la Procuración del Tesoro -que representa al Estado nacional- podría plantear un procedimiento conocido como Discovery process, por el cual instaría a la Justicia norteamericana a investigar al fondo buitre y determinar cómo fue el proceso de privatización de la compañía previo a la nacionalización.

En simultáneo y en los tribunales locales, Elisa Carrió y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, reclamaron al juez federal Ariel Lijo que investigue la transferencia del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, al fondo Burford Capital. Las legisladoras denunciaron que la operación consistió "en un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF".

No obstante, Grupo Petersen aclaró ayer que Brudford adquirió los derechos del juicio a la justicia española, en un remate de activos que realizó en el marco de la quiebra de las empresas de Petersen. Este grupo llegó a tener un 25% de las acciones de la petrolera. Los demandantes denunciaron que la nacionalización de YPF durante el gobierno kirchnerista violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.

En 1993, en el marco de la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa a través de acciones clase D y listó los ADR -el título bajo el cual se negocian los papeles extranjeros en los Estados Unidos- en la Bolsa de Nueva York. En ese momento, tanto el país como la empresa se comprometieron a que cualquier otra adquisición posterior de una porción de control de la empresa obligaría a hacer una oferta por el total de las acciones. Esa salvedad figura no sólo en los documentos que YPF envió a la SEC (el regulador bursátil norteamericano), sino también en su viejo estatuto. Pero el kirchnerismo no lo consideró. El entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, lo expresó en una presentación ante el Senado. "Si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a u$s 19.000 millones", dijo.

En el Gobierno, en tanto, fueron duros. "El proceso está en un estadío inicial. Llegado el caso de una decisión adversa final del proceso, el reclamo se dirimirá en un juicio ordinario, sujeto a amplia discusión y todos los hitos de apelación pertinentes. El fallo puede ser apelado aún por el Gobierno ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Es un tema de soberanía. La expropiación de YPF es constitucional y fue avalada por el Congreso argentino. La desidia y las desprolijidades del gobierno anterior posibilitó este juicio", apuntaron.

El abogado canadiense Christopher Bogart es el fundador de Burford Capital. Tiempo atrás, en una disertación ante un auditorio de financistas, definió: "Muchos acuerdos de litigios judiciales producen buenos retornos. Pero los mejores vienen de los casos que van a corte y ganamos. Casos que producen grandes retornos para nosotros en el tribunal pueden, fácilmente, ser acordados y generar sólo ganancias moderadas".

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Revista Infotechnology