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México realizó su primera emisión de deuda en moneda extranjera de 2026 por un monto total de u$s 9,000 millones. Estableció así por tercer año consecutivo un récord de colocación, al aprovechar condiciones favorables de liquidez y la ventaja de ser uno de los primeros soberanos en acudir a los mercados financieros internacionales, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La operación permitió al gobierno federal cubrir una parte relevante de sus necesidades de financiamiento en moneda extranjera para 2026, lo que otorgó mayor flexibilidad para evaluar ventanas de oportunidad y condiciones favorables de mercado durante el resto del año.

La colocación inauguró los mercados internacionales en dólares para América Latina y registró una demanda máxima de u$s 30,000 millones, equivalente a 3.33 veces el monto colocado, con la participación de 279 inversionistas de distintas regiones del mundo, incluyendo múltiples órdenes de triple dígito.

La emisión se distribuyó en tres nuevos bonos de referencia: un bono a 8 años con tasa cupón de 5.625% por u$s 3,000 millones; un bono a 12 años con tasa de 6.125% por u$s 4,000 millones; y un bono a 30 años con cupón de 6.75% por u$s 2,000 millones.

Deuda responsable, dice Hacienda

Hacienda destacó que los bonos a 12 y 30 años registraron los menores diferenciales de precio desde 2020 y 2019, respectivamente, ambos en 200 puntos base, lo que reflejó una mejor percepción crediticia del riesgo soberano de México, aun en un entorno mundial complejo.

Con esta operación, México estableció tres nuevos puntos de referencia líquidos en su curva soberana en dólares a 8, 12 y 30 años, lo que fortaleció la infraestructura del mercado de capitales y mejoró las condiciones de acceso al financiamiento para futuros emisores mexicanos, tanto públicos como privados.

El gobierno federal reafirmó su compromiso con el Plan Anual de Financiamiento 2026, al mantener la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y asegurar la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente, orientada a preservar la estabilidad macroeconómica.