La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Recientemente, la mandataria explicó que la UIF tiene como objetivo proteger el sistema financiero y prevenir el lavado de dinero. Aseguró, además, que esta instancia no interviene cuentas de personas sin relación con actividades ilícitas. A continuación, los detalles que debes tener en cuenta. “Cuando la UIF detecta posibles operaciones de lavado, puede congelar una cuenta. Si la persona considera que la medida es injustificada, puede recurrir a un amparo. Ya no hay suspensión inmediata, porque se reformaron las leyes en la materia (…) ahora el proceso puede resolverse en un máximo de seis meses”, detalló Sheinbaum. El Gobierno indicó que, desde octubre de 2024, la UIF inmovilizó alrededor de 5,000 millones de pesos, y respondió con ironía a las críticas: “Nadie se quejó”. Agregó que el organismo podría informar a qué grupos delictivos pertenecían esos recursos y qué impacto tuvo su aseguramiento en la disminución de delitos. La presidenta indicó que la estrategia contra la delincuencia organizada se centra en seguir la ruta del dinero. Explicó que, tras el bloqueo de cuentas, los afectados pueden solicitar un amparo, mientras los fondos permanecen retenidos por su presunto origen ilícito. “Estamos inmovilizando recursos utilizados por el crimen organizado o por factureros, que también representan delincuencia de cuello blanco. Eso es lo que resolvió la Corte (…) y no es una práctica exclusiva de México; en Estados Unidos también ocurre”, sostuvo. Asimismo, afirmó que la resolución busca contribuir a la pacificación del país, reducir la violencia y combatir el lavado de dinero. En ese contexto, envió un mensaje al sector empresarial: “Ningún empresario debe temer acciones fuera de la ley por parte de la UIF. No hay decisiones discrecionales ni con fines políticos (…) pero sí es necesario fortalecer al Estado mexicano”. De acuerdo con lo informado, esta facultad se aplicará exclusivamente contra el crimen organizado y no para persecución política, como explicó el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares. Tras el fallo, las instituciones financieras deberán notificar a los usuarios las razones del bloqueo de cuentas y su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas. A partir de ese momento, tendrán cinco días hábiles para solicitar una audiencia ante la UIF. Posteriormente, la Unidad contará con un plazo de diez días hábiles para conceder dicha audiencia y, finalmente, deberá emitir una resolución en un máximo de 15 días hábiles, en la que se determine si el bloqueo se mantiene o se levanta.