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El caso resuelto por la SCJN se originó de un amparo interpuesto por ejidatarios cuyos terrenos están localizados dentro del área natural protegida. Los demandantes expusieron que el decreto de 1994 afectaba su derecho a la propiedad agraria, consagrado en la Constitución mexicana.
No obstante, el tribunal supremo resolvió que dichas restricciones no eliminan la propiedad, sino que establecen condiciones legítimas para su uso, especialmente en casos donde se requiere proteger ecosistemas con alto valor ambiental, como es el caso de Yum Balam.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, emitió un fallo significativo en el ámbito ambiental al ratificar la constitucionalidad del decreto que protege la región de Yum Balam, en Quintana Roo. Esta decisión reafirma la capacidad del Estado para restringir el uso de la tierra cuando está en juego el interés público y la conservación ecológica.
La Suprema Corte antepone la protección ambiental a los intereses privados
“La propiedad de las tierras corresponde originariamente a la Nación”, recordó el tribunal, subrayando su facultad para imponer modalidades tanto a la propiedad privada como social.
En su resolución, la SCJN dejó en claro que la propiedad de la tierra en México tiene un origen nacional, lo que permite al Estado regular su uso en función del interés colectivo.
Asimismo, precisó que medidas como la limitación de infraestructura turística o la prohibición de ciertas actividades dentro de áreas protegidas no constituyen una expropiación.
“No implica la desaparición del derecho de propiedad, sino limitaciones legítimas a su ejercicio”, señaló la Corte, enfatizando que estas disposiciones buscan cumplir fines constitucionales como la protección del medio ambiente.
La sentencia de la SCJN sobre Yum Balam: equilibrio entre la conservación y los derechos agrarios
El tribunal subrayó que la implementación de dichas medidas debe equilibrarse con los derechos de los ejidos que se ven involucrados. “Es necesario que haya una armonización con la seguridad jurídica y los derechos de los núcleos agrarios”, enfatizó, estableciendo un precedente significativo en la interrelación entre desarrollo, propiedad y conservación ambiental en México.
En lo que respecta al Yum Balam, la SCJN determinó que su condición como área natural protegida y su Programa de Manejo están plenamente fundamentados. “Se constituyen como herramientas legítimas para cumplir el mandato constitucional de proteger el medio ambiente y la biodiversidad”, se concluyó en el fallo.
