El pasado 23 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una nueva normativa que busca modernizar y unificar los sistemas de catastro y los registros públicos de la propiedad. La misma establece la obligatoriedad de una clave para cada predio o unidad inmobiliaria que se inscriba en el registro correspondiente.
La disposición, que entró en vigor el 24 de octubre de 2026, establece mecanismos de coordinación entre el Gobierno federal, las entidades federativas y los municipios para digitalizar, actualizar y conectar la información relacionada con los bienes inmuebles.
La iniciativa forma parte de la estrategia federal para simplificar trámites, homologar procedimientos y reforzar el control de la información territorial y patrimonial.
¿Qué cambia con la nueva Ley?
Uno de los principales cambios es la creación de una Clave Única Catastral (CUC), un identificador que permitirá reconocer cada inmueble registrado en los catastros del país y relacionarlo con su correspondiente folio real.
Este mecanismo busca evitar duplicidades y facilitar la consulta de información sobre las propiedades. Sin embargo, contar con esta clave no será suficiente para acreditar la titularidad de un inmueble, su posesión, superficie o límites territoriales. Tampoco validará operaciones irregulares ni derechos que no estén debidamente reconocidos.
A su vez, la normativa introduce la Cédula Única Catastral y Registral (CUCR), un instrumento que permitirá conectar los datos del Catastro con los del Registro Público de la Propiedad. Para ello, asociará la nueva clave catastral con el folio real de cada inmueble.
¿Cuáles son los plazos para su implementación?
La nueva legislación establece una serie de fechas y obligaciones para las autoridades federales, estatales y municipales:
- Dentro de los 30 días hábiles posteriores a la entrada en vigor: la Agencia deberá publicar los lineamientos para implementar los planes nacionales. En ese mismo plazo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Agencia deberán establecer las disposiciones para integrar, adoptar y poner en marcha la CUC y la CUCR.
- Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor: la Agencia deberá habilitar las plataformas catastral y registral.
- Hasta el 31 de diciembre de 2026: las autoridades catastrales y registrales deberán adoptar los modelos de homologación e implementar las plataformas, de acuerdo con el calendario que publique la Agencia y sus capacidades técnicas y operativas.
- Dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor: los Congresos de las entidades federativas deberán adecuar sus marcos legales o aprobar nuevas disposiciones para armonizar la normativa.
- Dentro de los 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor: los gobiernos estatales y municipales deberán adaptar sus respectivas regulaciones catastrales y registrales.
- A partir del 1 de enero de 2027: comenzará la operación de los modelos y el uso de las plataformas.
Qué deberían hacer los propietarios y compradores de inmuebles
La puesta en marcha de este sistema representa un cambio significativo en la forma en que las autoridades administrarán y verificarán la información sobre los bienes inmuebles en México.
Por este motivo, resulta conveniente que propietarios, compradores y empresas con activos inmobiliarios comiencen a revisar la documentación y los registros de sus propiedades.
En particular, se recomienda:
- Verificar que la información de las escrituras coincida con los datos de los folios reales y los registros catastrales.
- Revisar las licencias, permisos y manifestaciones de construcción, así como los comprobantes de pago de impuestos y contribuciones.
- Identificar posibles diferencias en la superficie, el uso, el destino o el valor declarado de los inmuebles.
- Evaluar eventuales contingencias vinculadas con el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de inmuebles.
- Analizar si corresponde iniciar procedimientos de aclaración, corrección o regularización antes de que las nuevas plataformas entren plenamente en funcionamiento.
Anticiparse a la implementación de la ley y mantener actualizada la documentación de cada propiedad será fundamental para reducir riesgos administrativos y fiscales.