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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) transformará su estrategia de fiscalización este año con el objetivo de optimizar recursos y enfocar las revisiones en contribuyentes de alto riesgo fiscal. De acuerdo con el Comunicado 01/2026, la autoridad tributaria implementará auditorías más selectivas, pero contundentes contra quienes presenten conductas irregulares.
La nueva estrategia se enmarca en el Plan Maestro 2026, que busca equilibrar la transparencia con la eficiencia recaudatoria. A diferencia de años anteriores, el organismo fiscal promete realizar una sola auditoría por contribuyente en caso de detectar incumplimientos, solicitando únicamente muestras de las partidas bajo revisión en lugar de exigir el 100% de la documentación.
Quiénes serán los contribuyentes bajo el radar del SAT
El organismo ha definido con precisión qué operaciones activarán las alertas fiscales este año. Serán sujetos prioritarios de auditoría quienes celebren operaciones con empresas factureras o nomineras, personas que presenten pérdidas fiscales recurrentes sin justificación financiera clara, y contribuyentes que simulen o abusen de deducciones fiscales.
La autoridad también vigilará de cerca a quienes obtengan ingresos no declarados, abusen de estímulos fiscales o muestren inconsistencias evidentes entre sus compras, importaciones y ventas. Otros focos rojos incluyen la importación de productos con precios artificialmente bajos, el incumplimiento de regulaciones no arancelarias y la omisión en el pago de retenciones a trabajadores.
Las operaciones con paraísos fiscales, las solicitudes de devoluciones improcedentes y el pago de tasas efectivas de impuestos inferiores al promedio sectorial completarán la lista de conductas de riesgo que detonarán revisiones inmediatas por parte del SAT.
Cuáles serán las sanciones y multas: el costo del incumplimiento
Las consecuencias económicas para los contribuyentes que incurran en las conductas identificadas como riesgosas pueden ser severas. Las multas varían desde el 20% hasta el 100% del monto no declarado o del impuesto omitido, además de recargos y actualizaciones que se aplican automáticamente.
En casos específicos, las sanciones pueden alcanzar montos fijos de hasta 34,730 pesos. Por ejemplo, los depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos mensuales que no puedan justificarse adecuadamente, además de la multa mencionada, pueden generar el cobro adicional del 3% del monto total como impuesto.
Los préstamos o donativos que superen los 600,000 pesos anuales y no se informen al SAT dentro de los 15 días posteriores a su recepción pueden derivar en sanciones de hasta el 75% del monto no declarado. La omisión de comprobantes fiscales en operaciones comerciales también genera multas sustanciales.
Refuerzan la vigilancia de transferencias electrónicas
Más allá de las auditorías tradicionales, el SAT intensificará en 2026 el monitoreo de movimientos bancarios mediante el cruce de información con instituciones financieras. Si bien las transferencias electrónicas no generan impuestos de forma automática, cualquier operación que no coincida con el perfil fiscal del contribuyente puede activar revisiones exhaustivas.
Los depósitos que no cuadren con los ingresos reportados en declaraciones mensuales o anuales permitirán a la autoridad presumir ingresos omitidos y exigir el pago de impuestos junto con las sanciones correspondientes. Los movimientos inusuales, los montos elevados sin respaldo documental y las transferencias internacionales no reportadas serán señales inmediatas de alerta.
La recomendación para los contribuyentes es mantener controles internos sólidos, conservar toda la documentación que pruebe la materialidad de las operaciones y asegurar que las declaraciones fiscales reflejen con exactitud la totalidad de sus ingresos y operaciones financieras.
Uniformidad nacional y plazos reducidos
Un cambio significativo será la aplicación de criterios uniformes en todas las oficinas del SAT a nivel nacional. Los parámetros de fiscalización serán idénticos en temas como descuentos, depósitos no identificados, materialidad de operaciones, gastos de mercadotecnia e importaciones, garantizando un trato equitativo sin importar la entidad federativa.
La autoridad fiscal prometió además agilizar los tiempos de devolución de impuestos. Las personas físicas recibirán sus devoluciones en aproximadamente cinco días, mientras que las empresas tendrán un plazo de 30 días, muy por debajo del límite legal de 40 días hábiles que actualmente establece la normativa.
