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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es constitucional inscribir en el Registro de Personas Deudoras Alimentarias Morosas (REDAM) de la Ciudad de México a quienes incumplan con sus obligaciones de proporcionar alimentos durante más de 60 días.
La medida busca garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias y proteger el interés superior de la infancia.
Al resolver el Amparo en Revisión 472/2024, en 2025, el máximo tribunal consideró que esta disposición no vulnera los derechos a la dignidad, la vida privada ni la protección de datos personales de quienes tienen una deuda alimentaria.
¿Por qué la Suprema Corte considera constitucional el Registro de Deudores Alimentarios Morosos?
El asunto surgió a partir de una controversia familiar en la que un hombre fue condenado a pagar una cantidad de dinero por incumplir durante varios años con la pensión alimenticia que debía proporcionar a su hija.
Como consecuencia, también se ordenó su inscripción en el REDAM, conforme al artículo 309 del Código Civil vigente en la Ciudad de México.
El hombre promovió un juicio de amparo indirecto al considerar que la inscripción afectaba sus derechos fundamentales. Sin embargo, la jueza de Distrito negó la protección constitucional y, posteriormente, el caso llegó a la Suprema Corte, que analizó la constitucionalidad de la medida.
Al estudiar el asunto, el Alto Tribunal concluyó que la publicación de los datos personales del deudor tiene una finalidad legítima: garantizar el derecho de alimentos y proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
También consideró que la medida es proporcional porque su efecto no es permanente, sino que se mantiene hasta que la persona cumple con su obligación.
¿Qué establece la resolución de la SCJN sobre los deudores alimentarios?
La Suprema Corte determinó que la inscripción en el Registro de Personas Deudoras Alimentarias Morosas es una medida idónea y necesaria para combatir el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en las controversias familiares.
Entre los principales criterios establecidos en la resolución se encuentran:
- Incumplimiento de más de 60 días: la inscripción procede cuando una persona deja de cumplir con su obligación de proporcionar alimentos durante ese periodo, conforme a la legislación de la Ciudad de México.
- Publicidad de los datos personales: el registro permite dar a conocer información de las personas deudoras alimentarias morosas.
- Protección de la infancia: la medida busca garantizar el derecho de alimentos y atender el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
- Carácter temporal: la inscripción no es permanente, ya que se mantiene hasta que el deudor cumple con la obligación alimentaria.
- Constitucionalidad: la SCJN consideró que la afectación a los derechos de dignidad, privacidad y protección de datos personales está justificada y es proporcional frente a la finalidad de la medida.
El criterio establece que la protección de los derechos de quienes deben recibir una pensión alimenticia justifica la inscripción y publicidad temporal de los datos de quienes incumplen con ese deber.
