El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional cuyo objetivo es establecer límites a las “pensiones doradas” dentro del sector público. Con ello, algunos mexicanos se verán afectados de forma directa, cobrando menos dinero del que estaban acostumbrados. Con 116 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los legisladores avalaron en lo general la modificación que establece un tope a las jubilaciones de altos mandos de organismos del Estado. Posteriormente, el dictamen también fue aprobado en lo particular luego de que la mayoría parlamentaria rechazó las reservas presentadas por la oposición. Con 109 votos a favor, Morena y sus aliados desecharon las propuestas de cambio impulsadas por senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, por lo que el proyecto se mantuvo sin modificaciones. La iniciativa forma parte de una propuesta impulsada por el gobierno federal para reducir las jubilaciones consideradas excesivas dentro de empresas productivas del Estado y organismos públicos, donde algunos exfuncionarios llegan a recibir pensiones superiores al millón de pesos mensuales. La reforma plantea modificar el Artículo 127 de la Constitución con el objetivo de establecer límites claros a las pensiones de altos funcionarios del sector público. Según el dictamen aprobado, ningún jubilado de organismos del Estado podrá recibir una pensión que supere el 50% del salario de la persona titular de la Presidencia de la República, lo que actualmente equivale a cerca de 70,000 pesos mensuales. La propuesta busca eliminar esquemas de retiro que permiten a exdirectivos y altos funcionarios percibir pensiones muy superiores a las que recibe la mayoría de los jubilados en México. Durante la discusión en el pleno, legisladores señalaron que este tipo de beneficios implica un gasto público desproporcionado, especialmente si se compara con las pensiones promedio de millones de trabajadores del país. El término “pensiones doradas” se usa para describir jubilaciones muy elevadas otorgadas a exfuncionarios de alto nivel dentro del sector público. En algunos casos documentados, estos pagos pueden alcanzar cientos de miles de pesos e incluso superar el millón mensual, montos que están por encima de la pensión promedio que reciben la mayoría de los trabajadores mexicanos. Durante el debate legislativo se mencionaron ejemplos de exdirectivos de organismos públicos que reciben ingresos de retiro superiores al salario presidencial, lo que para algunos legisladores representa un esquema desigual frente al resto de los pensionados. La reforma está dirigida principalmente a altos mandos y exfuncionarios de empresas del Estado, organismos descentralizados y banca de desarrollo. Entre las instituciones donde se identificaron apoyos económicos elevados se encuentran: No obstante, el dictamen establece que la reforma no aplicará a trabajadores de secretarías de Estado ni a integrantes de las Fuerzas Armadas.