Si alguna vez has visto a una mujer embarazada o a una persona con discapacidad viajar de pie mientras un joven sano ocupa el asiento reservado sin inmutarse, ya no tendrás que resignarte al silencio. El Metrobús de la Ciudad de México reactivó esta semana su campaña “Respeta los espacios reservados”, acompañada de señalización reforzada en las unidades y un llamado directo en redes sociales para que los usuarios denuncien en tiempo real a quienes ignoren la norma. El mensaje es claro: ceder el asiento es una obligación. La norma no es nueva, pero su aplicación sí se volvió más estricta. Los asientos del área exclusiva del primer vagón están destinados exclusivamente a mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 12 años, y personas con discapacidad. Un letrero con pictogramas universales lo indica en cada unidad, y sin embargo la queja de los usuarios es recurrente: los lugares siguen ocupados por personas que no pertenecen a ninguna de estas categorías. La campaña apunta, en particular, a jóvenes que fingen no ver y a adultos que argumentan no haber notado el cartel. Ante una denuncia pública en Twitter, el Metrobús CDMX respondió con un protocolo concreto: el usuario debe compartir el número de unidad, la próxima estación por arribar y la dirección del recorrido. Con esos datos, la operadora contacta a los oficiales de seguridad en estación para intervenir. Aunque el mecanismo existe desde hace tiempo, la difusión masiva en redes buscó recordarle a los pasajeros que no están solos y que la autoridad puede actuar si se le da la información necesaria en el momento oportuno. Varios usuarios aprovecharon la campaña para exigir sanciones económicas. “Ya deberían multar a quienes no cedan el asiento”, escribió una pasajera. La propuesta divide opiniones: hay quienes consideran que sin consecuencias reales la norma queda en papel, y quienes argumentan que la vigilancia permanente en cada unidad es operativamente imposible. Lo que sí parece claro, según expertos en movilidad urbana, es que las campañas de visibilidad combinadas con canales de denuncia ágiles generan más impacto que las multas difíciles de aplicar. El reto sigue siendo el mismo de siempre: convertir la norma en cultura.