La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la validez de las reglas que permiten a la CONDUSEF sancionar a entidades financieras que incumplan con sus obligaciones relacionadas con despachos de cobranza. La decisión fortalece la supervisión sobre prácticas de cobranza y reportes de quejas.
De acuerdo con el comunicado oficial, la SCJN concluyó que “el marco normativo es claro y coherente”, además de establecer con precisión las obligaciones aplicables a instituciones financieras. El caso surgió tras un amparo promovido por una entidad sancionada durante 2023 por incumplimientos ante el REDECO.
La Suprema Corte avaló las sanciones de la CONDUSEF
El Pleno analizó el artículo 41 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como diversas disposiciones administrativas.
Según la resolución, estas normas “respetan los principios de tipicidad, reserva de ley y seguridad jurídica” en materia de sanciones financieras.
La institución financiera argumentó que las reglas no eran claras sobre quién debía entregar información. Sin embargo, la Corte determinó que existen obligaciones definidas, como “el registro ante el REDECO” y “la presentación de informes mensuales de quejas” relacionadas con despachos de cobranza.
Habrá multas para quienes incumplan reportes
La SCJN también respaldó “la posibilidad de imponer multas en caso de incumplimiento”, al considerar que las autoridades cuentan con bases legales suficientes para aplicar sanciones. La resolución permitirá a la CONDUSEF mantener vigilancia sobre entidades financieras y sus despachos contratados.
El comunicado señala que la entidad financiera sancionada no presentó “los informes mensuales sobre quejas relacionadas con los despachos de cobranza que contrata”. Por ello, la Suprema Corte confirmó que la autoridad puede iniciar procedimientos y emitir resoluciones administrativas conforme a la normativa vigente.
Asimismo, la Suprema Corte determinó que existe un límite claro para las sanciones. En particular, indicó que la normativa fija “un plazo máximo de 180 días naturales” para que la autoridad emita y notifique la resolución correspondiente después de garantizar el derecho de audiencia.
