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En la búsqueda de garantizar los derechos laborales de millones de empleados en México, la Cámara de Diputados podría debatir una nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
La propuesta contempla que en caso de despido, el trabajador pueda conocer de manera concreta cuáles son los motivos de la desvinculación laboral, sin eufemismos o expresiones comunes.
La propuesta fue impulsada por el diputado de Morena Armando Corona Arvizu, quien argumentó que actualmente los avisos de rescisión laboral suelen contener términos genéricos que no permiten al trabajador conocer la verdadera causa de su salida ni defenderse con elementos sólidos ante un tribunal.
Cuáles son las expresiones que un empleador ya no podría utilizar al momento de despedir personal
La iniciativa propone modificar el artículo 47 de la LFT para que todo aviso de rescisión laboral contenga una descripción objetiva de los hechos, circunstancias verificables, y datos precisos sobre el tiempo, modo y lugar en que ocurrieron las causas del despido.
Quedarían expresamente prohibidas frases como “baja productividad”, “pérdida de confianza” sin sustento, “reestructuración”, “recorte de personal” o cualquier expresión similar que no pueda demostrarse con evidencia concreta.
Según Corona Arvizu, la ley ya exige entregar un aviso de rescisión, pero en la práctica los empleadores aprovechan la ambigüedad del lenguaje para dejar al trabajador en desventaja cuando acude a tribunales laborales o inicia una demanda por despido injustificado.
Cuáles serían las consecuencias para la empresa que no cumpla con esta nueva condición
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es que el incumplimiento de estos requisitos podría convertir el caso automáticamente en un despido injustificado, habilitando al trabajador para reclamar indemnización y el resto de las prestaciones que marca la ley. La iniciativa también contempla sanciones específicas para los patrones que no acaten las nuevas obligaciones.
La otra práctica común en empresas que la reforma también quiere erradicar
El proyecto también apunta contra las llamadas “renuncias voluntarias forzadas”, una práctica denunciada desde hace años por especialistas y trabajadores que afirman haber sido presionados para firmar su salida a cambio de un finiquito o para evitar represalias.
Para combatirla, la iniciativa establece que toda terminación laboral —incluso las renuncias— deberá cumplir con requisitos obligatorios:
- documento escrito
- firmado y fechado
- explicación clara de la causa real
- detalle de circunstancias de tiempo, modo y lugar
- información completa sobre indemnización y prestaciones
- garantía de que la decisión fue libre y sin presión.
La ausencia de cualquiera de estos elementos también podría ser calificada como despido injustificado, lo que amplía significativamente la protección legal del trabajador frente al empleador.