La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que cambia las reglas del juego en el mercado inmobiliario. A partir de ahora, las autoridades fiscales podrán cobrar Impuesto sobre la Renta (ISR) cuando una propiedad se adquiera por un precio significativamente inferior a su valor de mercado, estableciendo un umbral del 10% como referencia para determinar la obligación fiscal. El Máximo Tribunal estableció que, si una persona compra un inmueble por un precio que sea más de un 10 % inferior a su valor de mercado, la diferencia entre el valor de mercado y el precio pagado se considerará un ingreso y estará sujeto a pagar el Impuesto Sobre la Renta. Este cálculo se realiza tomando como referencia avalúos elaborados por personas corredoras públicas o por instituciones autorizadas, que funcionan como herramientas técnicas para estimar el valor real de la propiedad. En términos prácticos, esto significa que una persona que compre una casa “barata” porque encontró una oferta por debajo del precio de mercado podría enfrentar un impuesto significativo. Según la Suprema Corte, esta regla evita que se simulen operaciones con precios artificialmente bajos y asegura que los ingresos derivados de la diferencia de valor se registren correctamente. La SCJN destacó que la medida no distingue entre tipo de inmueble ni situación personal del comprador. Lo que se grava es el aumento objetivo del patrimonio, no la intención del propietario. De esta forma, se busca fortalecer la equidad en el sistema fiscal y prevenir prácticas como la subvaluación de inmuebles para evadir impuestos. El tribunal también señaló que la regulación aplica de manera general, garantizando que las obligaciones fiscales se determinen con certeza jurídica. Esto es clave para compradores, vendedores y autoridades, ya que define con claridad cuándo se debe pagar ISR y cómo se calcula el monto correspondiente, evitando interpretaciones arbitrarias que podrían generar conflictos legales. El umbral del 10% no es un número al azar. Los ministros de la Suprema Corte consideraron que este porcentaje representa un margen razonable para identificar diferencias significativas entre el precio de venta y el valor real del inmueble. De esta forma, se protege al contribuyente que realmente paga un precio justo y se gravan únicamente las operaciones que muestran discrepancias relevantes. Además, el fallo contribuye a consolidar un sistema tributario más transparente y equitativo, asegurando que la compra de inmuebles se realice con reglas claras. Los especialistas prevén que esta decisión influirá en la negociación de propiedades, los avalúos profesionales y la forma en que los compradores y vendedores estructuran sus transacciones, especialmente en mercados donde los precios suelen fluctuar o donde las oportunidades de compra “baratas” son frecuentes.