La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó las medidas de jubilación y retiro anticipado para personas juzgadoras en Chihuahua, derivadas de la reforma judicial federal de 2024. El tribunal concluyó que las disposiciones son constitucionales y que buscan proteger derechos laborales tras la terminación anticipada de cargos. Durante la discusión, los ministros de la Suprema Corte sostuvieron que el objetivo es evitar afectaciones a quienes dejarán sus puestos por el nuevo modelo de elección judicial. Según el fallo descrito en la Acción de Inconstitucionalidad 43/2025. Resuelta en sesión de Pleno el 09 de marzo de 2026, “las disposiciones buscan mitigar los efectos de la terminación anticipada de sus cargos derivada del nuevo modelo de elección judicial”, estableciendo pensiones y compensaciones conforme a la ley. El máximo tribunal determinó que las fracciones II y III del artículo segundo transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua son compatibles con la Constitución. Estas normas contemplan mecanismos de jubilación y retiro anticipado para juzgadores afectados por el rediseño institucional. La Suprema Corte argumentó que se trata de una medida excepcional vinculada directamente a la reforma constitucional federal de 2024, que ordenó respetar los derechos laborales de las personas juzgadoras y prever pensiones complementarias cuando deban dejar sus cargos antes de tiempo. En su resolución, el tribunal rechazó que el esquema represente un régimen de privilegios frente al resto de los trabajadores sujetos al sistema estatal de pensiones. Señaló que responde a una situación extraordinaria derivada de la transformación del Poder Judicial. Los ministros de la SCJN destacaron que las compensaciones se fijan por ley y se calculan según los años de servicio. También subrayaron que los recursos provienen de presupuestos ya contemplados, en apego a los principios de eficiencia, transparencia y uso responsable del gasto público.