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El administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, advirtió que la agencia también perseguirá a funcionarios corruptos y actores políticos que, según las autoridades estadounidenses, se beneficien, protejan o alimenten estructuras del narcotráfico en México y alrededores.

El mensaje fue publicado el 13 de noviembre, después de que Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana” y hermano del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fuera condenado en Estados Unidos a 270 meses de prisión por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas y armas.

La advertencia no identificó a funcionarios o políticos mexicanos en particular. Cole señaló que la DEA y la Homeland Security Task Force (HSTF) continuarían sus acciones contra quienes colaboren con estas organizaciones criminales.

Atención: qué dijo el jefe de la DEA sobre los políticos

Cole afirmó en su mensaje que la DEA mantiene como prioridad el desmantelamiento de la red criminal del CJNG, con acciones dirigidas contra sus líderes, infraestructura financiera y operaciones internacionales.

El funcionario agregó que la DEA y la HSTF también perseguirán a los “funcionarios corruptos y actores políticos” que obtengan beneficios de estas organizaciones, las protejan o contribuyan a sus actividades.

Cole también sostuvo que “la corrupción y el narcotráfico van de la mano, sin importar la posición política”. La publicación no señaló nombres ni presentó una lista de funcionarios mexicanos como objetivo de esa advertencia.

El mensaje coincidió con la condena de Antonio Oseguera Cervantes, quien recibió una pena de 270 meses de prisión, equivalente a 22 años y seis meses. Según el Departamento de Justicia estadounidense, participó durante años en actividades de tráfico de drogas y tuvo vínculos con distintos grupos criminales antes de incorporarse al CJNG.

Los antecedentes que elevan la presión de Estados Unidos

La advertencia de Cole se produjo después de otros movimientos de las autoridades estadounidenses contra presuntas redes de corrupción vinculadas con organizaciones criminales mexicanas.

En abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios actuales y anteriores del estado. La acusación sostiene que los funcionarios habrían colaborado con líderes del Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y sobornos. Los cargos son acusaciones y los señalados se presumen inocentes mientras no exista una condena.

En septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 21 personas y 25 entidades relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Entre los sancionados incluyó a personas que describió como operadores políticos y facilitadores de redes de corrupción.

Qué funcionarios y operadores aparecen en los casos de 2026

Las acciones de las autoridades estadounidenses durante el año incluyen distintos casos y no implican que todas las personas mencionadas hayan sido condenadas:

  • Rubén Rocha Moya: gobernador de Sinaloa cuando se presentaron los cargos en abril. La fiscalía estadounidense lo acusó de conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas.
  • Enrique Inzunza Cázarez: senador mexicano y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, incluido entre los acusados en la causa federal.
  • Carlos Alberto Torres Torres: sancionado por el Tesoro en septiembre, que lo describió como un operador político vinculado al Cártel de Sinaloa.
  • Luis Alfonso Torres Torres: también fue sancionado por el Tesoro y señalado por esa dependencia en relación con el manejo de dinero procedente de sobornos.
  • Pedro Ariel Mendívil García: exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, incluido por el Tesoro entre las personas sancionadas por presuntos vínculos con la red criminal.