Durante años, muchos juicios laborales se perdieron no porque el trabajador careciera de razón, sino porque sus abogados no describían con exactitud suficiente el objeto de una prueba técnica conocida como prueba de inspección. Esa realidad cambio el pasado 19 de marzo, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Contradicción de Criterios 276/2025 y determinó que las pequeñas imprecisiones no son motivo para desecharlas. El núcleo del fallo está en la interpretación del artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo, que regula los requisitos formales de la prueba de inspección. El Máximo Tribunal dejó en claro que ese artículo no puede leerse de forma rígida. Basta con quien ofrece la prueba identifique con claridad el hecho, lugar, documento o situación que pretende acreditar, sin necesidad de dar cada detalle técnico. En concreto, basaron el criterio en el artículo 685 de la misma ley, que obliga a los jueces laborales a priorizar la solución del conflicto por encima de los formalismos. En palabras llanas: un juez ya no puede rechazar una prueba válida escudándose en detalles menores de presentación. La Suprema Corte aprovechó la sesión para dictar una segunda sentencia de alto impacto: la firma autógrafa es suficiente para que un trabajador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) elija su régimen pensionario, sin que sea obligatorio añadir la huella digital. Este precedente vinculante no solo simplifica el trámite para miles de afiliados, sino que resuelve una contradicción que generaba inseguridad jurídica en tribunales de todo el país: unos aceptaban la firma sola, otros la rechazaban sin huella. Con esta decisión, unifica el criterio y cierra la puerta a cualquier impugnación basada únicamente en la ausencia de ese dato biométrico.