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El Senado de la República aprobó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, una hoja de ruta institucional impulsada por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, que define la manera en que México persigue los delitos y acompaña a quienes los padecen.
Con 85 votos a favor, uno en contra y 30 abstenciones, el pleno avaló un documento que, según sus promotores, marca el inicio de una nueva era en la justicia del país: una en la que la víctima deja de ser un actor secundario para convertirse en el centro de todo el sistema.
Qué cambia para la justicia en México
Durante décadas, el sistema de procuración de justicia en México fue criticado por operar en función de estadísticas y expedientes, relegando a un segundo plano a quienes sufrían los delitos. El nuevo plan rompe con esa lógica y propone diez ejes de acción que priorizan, entre otras cosas, la atención directa a las víctimas, la reparación integral del daño y el acceso real a la verdad.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, fue contundente y defendió el documento desde tribuna: el plan representa el nacimiento de un modelo donde el Estado de México se compromete a garantizar procesos de verdad y reparación para quienes fueron dañados por el crimen. Una declaración que, en el contexto de un país con altos índices de impunidad, adquiere un peso político considerable.
Entre los ejes centrales también figuran el fortalecimiento de las fiscalías estatales, la modernización de los procesos de investigación criminal, estrategias específicas contra la violencia de género y una mayor coordinación entre autoridades de distintos niveles de gobierno.
Hasta 70 años de prisión: las penas que buscan disuadir a los grandes criminales
Uno de los aspectos que generó mayor atención durante el debate legislativo fue la propuesta de penas que van desde los 40 hasta los 70 años de cárcel para los delitos más graves. La propia Ernestina Godoy explicó los alcances de esta medida, que busca equiparar la severidad de las sanciones con la gravedad de los crímenes cometidos, especialmente aquellos vinculados al crimen organizado y la violencia extrema.
La intención es enviar un mensaje claro: la impunidad tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, el debate en el Senado República evidenció que la magnitud de la apuesta genera tanto entusiasmo como escepticismo. Diversas senadoras de oposición señalaron que el documento carece de mecanismos financieros concretos para sostener sus metas. La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, advirtió que sin recursos suficientes el plan corre el riesgo de convertirse en una simple lista de buenas intenciones.
Por su parte, Carolina Viggiano, del PRI, cuestionó que el texto no profundice en la crisis de desapariciones forzadas, un fenómeno que afecta a miles de familias y que, a su juicio, no recibe el tratamiento de fondo que merece dentro del esquema planteado.