El país de Sudamérica que cambió su jornada laboral por la crisis energética: trabajarán solo 3 días por semana
La crisis energética de este país, provocada por la extrema sequía y fallas estructurales del sistema, llevó al gobierno a la decisión de recortar la jornada laboral no solo en cantidad de días, sino también de horas.
Con el objeto de mitigar la crisis energética provocada por la sequía que afecta a los embalses generadores de electricidad, el gobierno de Nicolás Maduro cambió la jornada laboral de los trabajadores del sector público de forma provisoria. Durante 6 semanas, el sector público de este país de Sudamérica trabajará lunes, miércoles y viernes 4 horas y media diarias.
Con este ajuste, los trabajadores estatales trabajarán únicamente 13.5 horas semanales, un tercio de las 40 horas establecidas por la legislación. Esta reducción de horarios no impactará al sector educativo, donde la actividad ya se encuentra debilitada por la falta de docentes.
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Venezuela cambia la jornada laboral por la crisis energética
El gobierno de Maduro dispuso que la medida comience a aplicarse a partir del lunes próximo entre las 8:00 y las 12:30, con posibilidad de extenderse más allá de las 6 semanas estipuladas si la crisis hídrica persiste.
El sistema eléctrico de este país, afectado por fallas estructurales desde hace años, enfrenta un agravamiento debido a la disminución del caudal en los principales embalses hidroeléctricos y termoeléctricos. A pesar de las inversiones anunciadas por el gobierno en el pasado, las obras de mantenimiento y modernización no se concretaron.
Desde la sociedad civil algunas voces se alzan para describir la gravedad de la situación. La organización no gubernamental Provea asegura que actualmente la generación eléctrica en el país opera "al 80% por debajo de su capacidad".
Lo mismo ocurre con la transmisión de energía que funciona al límite obligando a las autoridades a recurrir nuevamente a planes de racionamiento para evitar apagones generalizados.
Reducción laboral, impacto económico y sanciones internacionales
Lamentablemente, la medida del gobierno de Maduro encuentra antecedentes que exceden las restricciones por ejemplo, impuestas durante la pandemia de Covid-19. En efecto, ya en 2013 en ocasión de otra crisis energética, la decisión había sido la misma.
Más aún: en el ámbito educativo el sistema público actualmente opera de forma intermitente, con clases solo tres veces por semana por la falta de docentes. Según sindicatos y especialistas, alrededor del 70% de los maestros ha abandonado el sistema público debido a los bajos salarios, que promedian los 40 dólares mensuales.
El impacto económico de esta reducción de la jornada laboral no será bueno. Al menos, así lo indican los economistas que aseguran que la medida agravará la recesión que enfrenta la economía del país latinoamericano. Algunos expertos además, sostienen que el panorama será aún más complejo a partir de las sanciones internacionales.
El panorama es aún más complejo si se tiene en cuenta la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer un arancel del 25% a cualquier país que comercie petróleo o sus derivados con Venezuela. Esto representa un duro golpe para un gobierno que depende significativamente de la exportación de crudo como principal fuente de ingresos.
Con una baja producción energética y restricciones a las exportaciones petroleras, el panorama económico de Venezuela se complica aún más. La nación continúa sumida en una crisis caracterizada por alta inflación, caída del consumo y un éxodo migratorio que no cesa.
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