En esta noticia
El Gobierno de Claudia Sheinbaum endureció las sanciones contra empresas que buscan contratos públicos mediante irregularidades. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que la compañía HIMA Promotions, S.A. de C.V. fue castigada con una multa de 643 mil 188 pesos y una inhabilitación de un año.
De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno de Claudia Sheinbaum, la sanción fue impuesta luego de que la empresa “proporcionó información falsa al participar” en un procedimiento relacionado con la “Adquisición de Medicamentos”. Además del castigo económico, la firma quedó impedida para celebrar contratos con la Administración Pública Federal.
El Gobierno detectó documentos falsos en una contratación ligada al IMSS
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detalló que el castigo fue aplicado a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Según el documento, la empresa presentó una “carta de respaldo supuestamente emitida por la titular del registro sanitario”, situación que derivó en la investigación y posterior sanción.
El comunicado subraya que la inhabilitación impedirá que HIMA Promotions participe “por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal”. Asimismo, se confirmó que la compañía ya fue incluida en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.
Buen Gobierno lanzó una advertencia a empresas que intenten engañar al Estado
La dependencia federal señaló que las medidas fueron tomadas “conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta”. También precisó que la empresa tiene derecho a impugnar la resolución, aunque advirtió que la autoridad defenderá la sanción “con firmeza”.
En el cierre del comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lanzó un mensaje contundente contra las irregularidades en compras públicas: “Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”. Con ello, el Gobierno federal aseguró que busca reforzar “la legalidad y la integridad de las compras públicas”.