El estado de Puebla podría dar un gran paso en la lucha contra el embarazo infantil y adolescente con una nueva iniciativa legislativa que busca no solo prevenir estos casos, sino también castigarlos con mayor severidad cuando estén vinculados a delitos sexuales. La propuesta, impulsada por la diputada Fedrha Suriano, plantea reconocer este fenómeno como una forma de violencia estructural y reforzar tanto la protección de las víctimas como las sanciones a los responsables. Uno de los puntos más relevantes del proyecto es que propone reconocer el embarazo infantil y adolescente como una forma de violencia estructural. Esto implica entender que no se trata solo de una situación individual, sino de una problemática social que afecta el desarrollo, la salud y el futuro de niñas y adolescentes. Con esta perspectiva, la iniciativa busca que el Estado de México actúe de forma más contundente, implementando políticas públicas permanentes que incluyan campañas de concientización, protocolos de atención y acceso garantizado a servicios de salud sexual y reproductiva. La idea es prevenir estos casos antes de que ocurran y atenderlos de manera integral cuando se presenten. Otro eje central del proyecto es garantizar que las niñas y adolescentes embarazadas no abandonen sus estudios. Para ello, se proponen esquemas de flexibilidad académica y programas de acompañamiento que les permitan continuar su educación. El objetivo es claro: evitar que el embarazo se traduzca automáticamente en deserción escolar, una situación que suele profundizar las desigualdades sociales. Con estas medidas, se busca proteger el derecho a la educación y asegurar mejores oportunidades a largo plazo para las jóvenes. En materia penal, la iniciativa plantea endurecer las sanciones en casos de estupro cuando la víctima sea menor de edad y como consecuencia haya un embarazo. Además, propone incrementar las penas en delitos como la violación equiparada, especialmente cuando las víctimas sean menores de 14 años. Este endurecimiento busca enviar un mensaje claro: los delitos sexuales que deriven en embarazos infantiles no solo tendrán consecuencias sociales, sino también castigos más severos.