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El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que las obras de construcción en la capital serán objeto de visitas de verificación para revisar que cuenten con todos los permisos y documentos requeridos para operar. Las inspecciones estarán a cargo del Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, como parte de su programa de control y supervisión urbana.
Estas revisiones forman parte de una estrategia que ya mostró resultados en 2025, cuando el instituto incrementó significativamente las suspensiones de actividades en construcciones que operaban sin autorización.
De acuerdo con el organismo de la CDMX, el objetivo es asegurar que los proyectos cumplan con la normatividad vigente y evitar riesgos para la ciudadanía.
Aumentan suspensiones y clausuras de obras irregulares
Durante 2025, el INVEA intensificó su labor de inspección en toda la capital. Según informó el instituto, “ha incrementado este año en un 140% las suspensiones de actividades en obras de construcción ilegales y sin los permisos adecuados para operar”, lo que refleja un mayor control sobre las edificaciones en la ciudad.
El organismo también detalló que “de enero a la fecha de 2025, el INVEA realizó la implementación de medidas cautelares a más de 64 construcciones por no contar con la documentación correspondiente para su realización”, acciones que derivaron de más de 400 visitas de verificación efectuadas en distintas alcaldías.
Denuncias ciudadanas impulsan operativos de revisión
El instituto señaló que gran parte de las inspecciones se realizaron gracias a reportes de los propios vecinos.
En ese sentido, destacó que “la mayoría de las verificaciones a este tipo de actividades se ejecutaron gracias al apoyo de las y los habitantes de la Ciudad de México”, quienes denunciaron irregularidades en construcciones cercanas.
Las autoridades también recordaron que las sanciones pueden ser severas cuando se incumplen las medidas impuestas.
De hecho, “cerca de 260 obras han sido clausuradas, y más de 70 personas fueron remitidas al Ministerio Público por el delito de quebrantamiento de sellos”, una falta que “se castiga de 6 a 12 años de prisión”. Con estas acciones, el gobierno capitalino busca mantener el orden urbano y la seguridad en las construcciones.