La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, promulgó tres leyes diseñadas para restringir la cooperación policial con los operativos federales de inmigración (ICE). Durante un acto público, la mandataria afirmó que estas normas buscan limitar los excesos de la administración de Donald Trump y garantizar la seguridad de todos los habitantes del estado, reforzando la confianza entre las fuerzas del orden y sus comunidades. Desde su toma de posesión en enero, Sherrill ha prometido abogar por la población migrante bajo la premisa de proteger el “sueño americano”. Como parte de esta estrategia, su oficina habilitó un sitio web para que los ciudadanos suban videos que registren acciones del ICE, siempre que estén acompañados de una denuncia formal, buscando proteger la privacidad y los derechos individuales. Una de las legislaciones más destacadas es la S-3112, conocida como “The Mask Out”, la cual prohíbe que agentes federales y locales oculten su rostro con pasamontañas mientras actúan en carácter oficial. La medida surge tras el uso recurrente de cobertores faciales por parte del ICE; la ley contempla excepciones solo para trabajos encubiertos o casos donde existan riesgos reales de represalia. A pesar de que leyes similares han sido anuladas previamente en California, en Nueva Jersey la norma recibió un apoyo inusual. El senador republicano Jon Bramnick se distanció de su bloque para respaldar la medida, señalando que el público tiene derecho a saber quién ejerce la autoridad gubernamental para garantizar la rendición de cuentas y reducir el temor en las intervenciones. La segunda normativa, denominada “Privacy Protection Act”, prohíbe a entidades gubernamentales y centros de salud solicitar información sobre el estatus migratorio, ciudadanía o número de seguro social sin una orden judicial. Durante la firma, Sherrill desmintió rumores de redes sociales aclarando que las personas indocumentadas no reciben ayuda de Medicaid, criticando el acceso federal a dichas bases de datos. Finalmente, la tercera ley incorpora la Directiva de Confianza del Inmigrante, que restringe la colaboración de la policía local con operativos migratorios civiles. Esta medida asegura que víctimas y testigos puedan denunciar delitos sin miedo a ser entregados a autoridades federales, terminando formalmente con los acuerdos 287(g) que permitían a agentes locales realizar funciones de inmigración. Con estas firmas, Sherrill retoma una agenda que había sido vetada tácitamente por el exgobernador Phil Murphy. La nueva legislación establece con claridad que las fuerzas locales no pueden atribuirse funciones migratorias federales, consolidando a Nueva Jersey como un estado que prioriza la protección de su comunidad migrante frente a las políticas de control fronterizo.
