Una ley que promete sacudir el mercado de alquiler más disputado del país está sobre la mesa del Congreso de la Ciudad de México. La iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, impulsada por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, plantea poner límites a los propietarios y nuevas garantías para los inquilinos. Pero antes de convertirse en ley, deberá pasar por un debate a fondo: el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el diputado Jesús Sesma Suárez, advirtió que una norma de esta magnitud exige análisis técnico, participación de todos los sectores y, sobre todo, responsabilidad legislativa. La iniciativa presentada por Clara Brugada parte de una premisa clara: la vivienda no es un privilegio, es un derecho. La propuesta busca establecer criterios que pongan freno a los aumentos abusivos de renta y brinden a los inquilinos mayor estabilidad y certeza jurídica en sus contratos. En una ciudad donde el costo del alquiler se disparó en los últimos años, la ley apunta a ser un punto de quiebre. Aunque la iniciativa llega con fuerza desde el Gobierno de la Ciudad de México, el Congreso advirtió que no se aprobará sin antes escuchar a todos los involucrados: inquilinos, propietarios, especialistas en vivienda, autoridades y sectores productivos. El diputado Sesma Suárez fue contundente: emitir una ley de esta envergadura sin el análisis adecuado sería un error. El debate legislativo, dijo, debe ser “ejemplo de responsabilidad democrática”. Vale la pena señalar que, al momento de la conferencia de prensa, el Congreso aún no había recibido formalmente el texto de la iniciativa, por lo que cualquier dictamen quedaba pendiente. El nudo central del debate es el equilibrio: regular los alquileres puede proteger a miles de familias de rentas impagables, pero también podría desincentuar la inversión en vivienda si los propietarios sienten que no hay certeza jurídica para su patrimonio. El Congreso reconoció este dilema abiertamente y se comprometió a que la legislación final sea “equilibrada, viable y justa”, sin afectar ni a quienes necesitan dónde vivir ni a quienes apuestan por el mercado inmobiliario como fuente de inversión.