PANDEMIA

'Super pedido' de impeachment para Bolsonaro tras el escándalo por la compra de vacunas

Más de 120 personas -entre miembros de partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y asociaciones- presentaron en el Congreso un pedido de impeachment contra el presidente brasileño. Lo acusan de al menos unos 20 cargos

Un grupo de más de 120 personas -incluyendo a la líder del PT, Gleisi Hoffmann pero también partidos de derecha, movimientos sociales, sindicatos y asociaciones- presentaron un 'superpedido' de impeachment para el presidente Jair Bolsonaro, acusado de unos 20 cargos, en medio de denuncias de corrupción vinculadas a la compra de vacunas contra el coronavirus.

El vicepresidente Hamilton Mourao dijo que "no hay espacio" para que prospere un pedido de impeachment, sobre todo debido a la cercanía de las elecciones presidencia. "Vamos a dejar que el proceso continúe y llegar a octubre del próximo año para ver qué pasa", agregó.

Se requiere el voto de al menos 342 diputados para avanzar con el proceso, y es probable que el 'centrao' -un bloque de partidos al que pertenecen los presidentes de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (Progresistas) y del Senado, Rodrigo Pacheco (Demócratas)- bloquee nuevamente cualquier proceso de impeachment.

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Hasta ahora, el grupo que impulsa el pedido de juicio político tiene unos 140 legisladores. Más allá de la evolución del proceso, se trata de uno de los gestos más contundentes contra Bolsonaro en el Congreso.

Aunque no es vinculante, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investiga el manejo del gobierno durante la pandemia, ha complicado a Bolsonaro más de lo que esperaba, revelando una serie de escándalos de corrupción, que podrían entorpecer sus chances de una reelección.

COVAXIN

Días atrás, Luis Ricardo Miranda, jefe de Importación del Ministerio de Salud, denunció ante la CPI presiones "atípicas" para liberar la importación de la Covaxin, una vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio Bharat Biotech de India.

El senado está investigando el contrato, que se firmó en tiempo récord, incluso aunque todavía no hay suficiente información de la vacuna y no está aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), aunque si había autorizado su importación de forma excepcional y con reservas. Miranda también denunció otras maniobras extrañas como el intento inicial de pagar por adelantado y la intermediación de una empresa que no figuraba en el contrato.

La Covaxin (u$s 15), además, tenía un costo más elevado que el de otras vacunas como Pfizer (u$s 10), que habían sido rechazadas inicialmente por el gobierno.

El hermano de Miranda, el diputado Luis Miranda, le dijo también a la CPI que le había informado al propio Bolsonaro de las irregularidades en marzo pasado. Según Miranda, Bolsonaro le dijo que sabía lo que estaba pasando y debía ser un arreglo de Roberto Barros, exministro de Salud del gobierno de Michel Temer que ahora representa al gobierno dentro de la Cámara de Diputados.

Bolsonaro también dijo que le pediría a la Policía Federal que abriera una investigación, pero eso nunca pasó.

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Luego de que se destapara el escándalo de Covaxin, el gobierno decidió suspender temporalmente el contrato por 20 millones de dosis (u$s 321 millones) mientras el Senado investiga los hechos.

Bharat Biotech se deslindó de cualquier accionar irregular y dijo que no había recibido ningún pago por la vacuna, lo mismo que alega el gobierno brasileño.

Anvisa frenó la solicitud de uso de emergencia de la vacuna, mientras que el Ministerio Público Fiscal brasileño y la Policía Federal iniciaron investigaciones.

ASTRAZENECA

Luis Paulo Dominguetti Pereira, que se identificó como representante de la empresa Davati Medical Supply en Brasil, le dijo a Folha de Sao Paulo que había recibido un pedido de soborno por parte del Ministerio de Salud, cuando intentó negociar un contrato por 400 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. La propuesta habría llegado a través del director de Logística de la cartera, Roberto Ferreira Dias.

Dominguetti le había ofrecido las vacunas a un precio de u$s 3,5 la dosis; Dias le dijo que la única forma de trabajar con el Ministerio era si la empresa aceptaba "sumar" u$s 1 por dosis. Dominguetti dijo que lo rechazó.

El gobierno despidió a Dias -que había sido designado por Barros- hoy, luego de que el caso se hiciera público.

Cansino

Pero Barros también está involucrado en otro escándalo que investiga el congreso. El abogado de Barros, Flavio Pansieri -que además fue socio de su yerno- trabajó para Belcer Pharmaceutical, una representante de CanSino en Brasil.

Pansieri de hecho participó de una reunión con Anvisa en abril pasado para tratar la aprobación de emergencia de la vacuna Convidecia.

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El Ministerio de Salud llegó a firmar una carta de intención de compra por 60 millones de dosis (unos u$s 204 millones) pero recientemente CanSino le informó a Anvisa que rompió su relación con Belcher -situada en el municipio de Maringá, Paraná, del que Barros fue alcalde- alegando motivos de compliance, según informó Valor.

Pfizer y Coronavac

En mayo pasado, Carlos Murillo, exCEO de Pfizer para Brasil, le dijo a la CPI que el gobierno había rechazado una oferta por 70 millones de dosis de esa vacuna.

Murillo dijo que le acercó la oferta al Ministerio de Salud en agosto de 2020 pero que no obtuvo respuesta. La empresa repitió la propuesta dos veces más y luego el propio CEO global del laboratorio le entregó una oferta por escrito a Bolsonaro, con copia al jefe de gabinete, los ministros de Salud y Economía y el embajador de los Estados Unidos en Brasil. El gobierno nunca respondió.

Seis meses después, en pleno caos de la segunda ola y con problemas en la campaña de vacunación, Brasil cerró un contrato por 100 millones de dosis.

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Por otra parte, Dimas Covas, el director del Instituto Butantan (San Pablo) que produce localmente la vacuna de Sinovac, Coronavac, declaró ante la CPI que el gobierno rechazó una oferta por 100 millones de dosis en octubre de 2020.

El contrato, que fue retrasado por obstáculos políticos y burocráticos según Covas, finalmente se cerró en diciembre (por 46 millones) pero ya era tarde para cumplir con los plazos de entrega previstos inicialmente. En febrero se firmó otro contrato por 54 millones de dosis adicionales.

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