Chile, a dos meses del comienzo de la rebelión: qué cambió

Dos meses pasaron desde que Chile mutó: las protestas que estallaron el 18 de octubre por un alza del pasaje del subte pronto devinieron en una expresión generalizada de insatisfacción por la desigualdad social imperante hace años en el país trasandino.

Y aunque en su actual segundo mandato el presidente Sebastián Piñera fue elegido democráticamente, desde octubre arrecian los pedidos para que dimita, sin que las medidas que fue tomando y los beneficios sociales que anunció hayan inclinado la balanza a su favor.

Entre los temas centrales que salieron a la luz, destaca la angustia social por el sistema de salud público y los ingresos de los jubilados o pensionados. Se afirmaron como demandas centrales de la sociedad en esta coyuntura de reclamos, así como el acceso a una educación pública cualitativa.

Las protestas se cobraron al menos 24 muertos, y agentes del Estado fueron acusados de la muerte de al menos cinco de esas víctimas. Además hay graves denuncias de organismos internacionales contra las fuerzas de seguridad por supuestas violaciones de los derechos humanos, lo cual afecta a Carabineros.

Mientras que Piñera, ratificó su apoyo a Carabineros de diversas formas: negó una política sistemaziada para atacar a los manifestantes, la más reciente fue el lunes, cuando firmó un proyecto de ley que fortalece el estatuto de protección de Carabineros, la Policia de Investigaciones, y Gendarmería.

"Las señales que ha mandado el presidente parecen una provocación más que una solución. Hasta que no se solucione la crisis de derechos humanos, va a haber agitación en la calle", evaluó Sofía Donoso, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).

La popularidad del mandatario sólo cae: según la última encuesta de Cadem publicada el lunes, la desaprobación de los chilenos al jefe de Estado es del 79%, frente a la aprobación del 3%. Además, un 74% de los encuestados cree que el país va por mal camino en materia política, económica y social. Y un 93% considera que la economía chilena está estancada o en retroceso.

De megamarchas a cabildo abierto

Las manifestaciones contra la desigualdad del modelo económico y la represión comenzaron siendo multitudinarias y diarias -el récord de asistencia fue en la marcha del 25 de octubre, con más de 1,5 millones de asistentes-, luego se fueron espaciando y ahora congregan a unos miles de manifestantes. 

En todo caso, mientras la mayor parte de los manifestantes lo hicieron de forma pacífica, la virulencia de algunos fue sorprendente y causó el destrozo de locales  a la calle y daños a instituciones, impactando de lleno en la actividad comercial de las principales ciudades, con Santiago a la cabeza. 

Recién en diciembre perdieron fuerza los saqueos, los incendios o las barricadas, que por semanas atemorizaron a la sociedad y causaron enormes pérdidas económicas.

En Valparaíso, carteles escritos a mano por los comerciantes y diversos materiales para blindar sus locales conforman la nueva "estética urbana". Al punto que la emblemática tienda Falabella por fuera luce como una fábrica abandonada, mientras por dentro resuenan villancicos y guirnaldas navideñas invitan a recorrerla.

Algunas medidas de Piñera 

El presidente confió en que desactivaría la crisis con un paquete de medidas sociales: aumento gradual de las pensiones más bajas en hasta un 50% o el incremento del salario mínimo hasta unos u$s 435, pero una parte de la sociedad las considera "parches".  

"La agenda social que se ha presentado se basa en pequeños paliativos. El Ejecutivo no ha mostrado intención de hacer reformas profundas del modelo", afirmó Octavio Avendaño, sociólogo de la Universidad de Chile.

"El gobierno sigue sin entender lo que demandan los manifestantes, nos da bonos y migajas para amortiguar las protestas", aseguró una universitaria en la más reciente concentración en Plaza Italia, el viernes pasado. "Estamos muy lejos de encontrar una salida a la crisis porque es muy difícil dimensionar la profundidad del descontento", explicó Donoso.

Una reforma constitucional también es uno de las sorpresas que derivan de los reclamos: las fuerzas parlamentarias alcanzaron un histórico acuerdo para preguntarle a la ciudadanía en abril  de 2020, en un referéndum, si quiere cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y qué mecanismo debería redactar el nuevo texto.

"Es natural que después de dos meses, con las vacaciones de Navidad y las altas temperaturas del verano las marchas bajen de intensidad, pero eso no significa que se haya vuelto a la supuesta normalidad de antes del 18 de octubre", cuando estalló la crisis, agregó Avendaño.

Evaluó que la expresión del descontento pasó de las grandes marchas a "cabildos o la consulta ciudadana" como la del domingo pasado, donde más de dos millones de personas de 225 de las 346 comunas del país participaron en un inédito plebiscito ciudadano no vinculante, que arrojó como resultados que el 92,4% está de acuerdo con una nueva Constitución y que las pensiones, la salud y la educación son los temas más prioritarios.